Las negociaciones en torno al proyecto de ley de rescate económico continúan sin consolidar una ponencia definitiva, debido a los reparos de los congresistas frente a varios puntos impositivos planteados por la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Tras la decisión oficial de no aplicar el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a productos básicos de la canasta familiar como el café, el tomate, la cebolla y los alimentos para mascotas, los legisladores establecieron nuevas condiciones en las mesas de concertación.

Consenso para excluir la salud prepagada y maquinaria agrícola

El punto neurálgico de las discusiones recientes se concentró en la exclusión del IVA para la medicina prepagada y los planes de salud complementarios. De acuerdo con el representante Santiago Castro (Centro Democrático) y el senador Gustavo Moreno (ASI), imponer dicho tributo significaría una doble carga fiscal sobre la clase media que ya financia el sistema sanitario. Castro indicó que los cálculos expuestos por el Ministerio de Hacienda ya contemplan restar este cobro, por lo que se prevé su retiro del texto final.

De forma paralela, diferentes bancadas solicitaron dejar libres de IVA a los tractores y a los insumos del agro, argumentando que gravar estos elementos incrementaría de manera directa los costos de producción alimentaria en Colombia.

Oposición a gravámenes sobre cerveza y bebidas azucaradas

El Partido Liberal, por intermedio del senador Álvaro Monedero, manifestó un rechazo rotundo frente al aumento de cargas sobre la cerveza y las bebidas azucaradas o edulcoradas. Monedero advirtió que estos artículos constituyen hasta el 60 % de los ingresos de las tiendas de barrio, señalando que subir el valor de la cerveza de $2.500 a $4.500 deterioraría el consumo, golpearía los ingresos departamentales e incentivaría el comercio ilícito.

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Debate por enajenación de activos estatales

Frente a la búsqueda de ingresos, el vicepresidente José Manuel Restrepo declaró en Nueva York que el Ejecutivo respalda la desincorporación de activos improductivos y la premisa de que los sectores con mayores recursos asuman aportes más altos.

Esta orientación generó posturas divididas en el Congreso:

  • Propuesta de enajenaciones: Santiago Castro respaldó la venta de bienes públicos, sugiriendo comercializar el 8,9 % legalmente disponible de Ecopetrol, cuotas en ISA, distribuidoras eléctricas regionales y activos correspondientes al Grupo Bicentenario. Dichos fondos, según el representante, deberían abonarse exclusivamente a la deuda pública, blindando la propiedad estatal del Banco Agrario, Finagro y el Fondo Nacional del Ahorro.
  • Rechazo a venta de la petrolera: Gustavo Moreno desestimó transferir participaciones de Ecopetrol al considerar que la situación financiera actual depreciaría el valor de la compañía, calificando la idea como un regalo. Moreno recomendó suprimir dependencias con funciones duplicadas, mencionando que la USPEC genera un gasto cercano a los $2,3 billones anuales al realizar labores paralelas a las del INPEC.

Opciones de recaudo y control tributario

Con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas, los parlamentarios plantearon varias medidas sustitutivas:

  • Cobro al consumo de agua industrial (excluyendo actividades agropecuarias y hogares), tasado en $1,5 billones.
  • Sobretasa a planes móviles superiores a $40.000 mensuales, calculada en $2,5 billones.
  • Nuevos aportes de nómina y parafiscales dirigidos a sueldos que sobrepasen los $9 millones.
  • Incremento escalonado al tributo sobre licores.
  • Imposición de tributos a aplicaciones de hospedaje informal como Airbnb y plataformas de comercio como Temu.
  • Refuerzo en la fiscalización de la DIAN para contener la evasión, calculada en $71 billones.

Adicionalmente, el Centro Democrático sugirió conservar tributos a renglones específicos para reunir entre $8 billones y $10 billones. Esta vía incluye sostener el IVA para automotores híbridos y eléctricos, tasar encomiendas postales de minimis bajo los US$200 y fijar aranceles a mercancías de naciones sin tratado comercial vigente con el país, tales como China, India o Vietnam.

Ajustes en calendario y metas corporativas

Los congresistas coincidieron en postergar la disminución inmediata en el impuesto de renta a compañías y pausar por un par de años el desmonte del 4 por 1.000, el cual pasaría a reducirse de forma gradual a razón de 0,5 % o 1 % anual.

El 17 de noviembre, en diálogo con los coordinadores ponentes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ratificó la exploración de ingresos alternos para suplir los recursos no percibidos por la canasta familiar. Los equipos técnicos sesionarán durante la semana para redactar el borrador inicial. Se estima que las comisiones económicas conjuntas voten el primer debate el 1 o 2 de diciembre, aunque los parlamentarios prevén que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para culminar el trámite antes del cierre del periodo legal el 16 de diciembre.

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