El debate sobre la gestación subrogada en Colombia ha escalado con la presentación de un proyecto de ley que busca su prohibición y penalización en todo el territorio nacional. La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara Luis Miguel López y apoyada por una coalición multipartidista que incluye a miembros del Partido Liberal, Conservador, Dignidad y Compromiso, y el Pacto Histórico, propone sanciones severas para quienes promuevan, intermedien o financien esta práctica.
Propuesta legislativa: tipificación de la explotación reproductiva
El núcleo del proyecto de ley es la creación del tipo penal de «explotación reproductiva mediante maternidad subrogada». Esta figura legal se aplicaría tanto a acuerdos comerciales como a aquellos que se presenten como gratuitos. Las penas contempladas son significativas, oscilando entre 120 y 192 meses de prisión (es decir, entre 10 y 16 años), acompañadas de multas que irían de 500 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se establecen agravantes específicos para casos donde exista vulnerabilidad de la mujer gestante, buscando proteger a quienes podrían ser objeto de coacción o aprovechamiento.
Además de las sanciones penales, el proyecto contempla la prohibición explícita de toda publicidad relacionada con la gestación subrogada. Según el representante López, integrante de la autodenominada «bancada provida», la práctica actual constituye un contrato de «explotación, instrumentalización y venta» que convierte al bebé en un «producto» y a la mujer en una «transacción». El objetivo declarado es proteger tanto a las mujeres como a los recién nacidos, en un contexto donde la gestación subrogada opera en un evidente vacío legal en el país.
Vacío legal y la definición de maternidad
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la reafirmación de la maternidad. El documento establece que, «para todos los efectos legales, la madre de los niños gestados o nacidos en Colombia es la mujer que los gesta y da a luz». Esta disposición busca anular cualquier reclamo de paternidad o maternidad legal por parte de las personas que aportan el material genético o contratan el servicio, depositando el embrión en el cuerpo de la mujer gestante. Esto tendría profundas implicaciones legales y sociales para las parejas que han recurrido o planean recurrir a esta técnica de reproducción asistida.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Jennifer Pedraza, congresista que también participó en la redacción de la iniciativa, ha manifestado su oposición al «alquiler de ‘vientres’ (en realidad es alquiler de mujeres) porque mercantiliza los cuerpos de las mujeres y profundiza las desigualdades». La unificación de criterios en bancadas ideológicamente diversas subraya la complejidad y la transversalidad del tema, trascendiendo las divisiones políticas habituales.
Antecedentes y contexto del debate en Colombia
El debate sobre la gestación subrogada no es un fenómeno reciente en Colombia. A lo largo de los años, se han presentado múltiples proyectos de ley en el Congreso con el objetivo de regular o prohibir esta práctica, pero ninguno ha logrado hasta ahora consolidarse como legislación. Esta persistencia refleja la tensión entre diferentes visiones éticas, sociales y jurídicas sobre la autonomía reproductiva, los derechos de las mujeres y el bienestar de los menores.
El contexto colombiano actual, marcado por discusiones intensas sobre derechos sexuales y reproductivos, así como por la creciente influencia de grupos conservadores y progresistas en la agenda legislativa, dota a este proyecto de una particular relevancia. Históricamente, el país ha tenido que lidiar con la regulación de técnicas reproductivas y la protección de la infancia, a menudo con disparidad de criterios. La ausencia de una ley clara sobre la gestación subrogada ha permitido un crecimiento ambiguo de esta práctica, con riesgos latentes de vulneración de derechos, especialmente en poblaciones femeninas en situación de vulnerabilidad económica.
La propuesta actual evidencia cómo sectores del feminismo han coincidido con grupos provida en la crítica a la gestación subrogada, aunque por razones ideológicas distintas. Mientras las feministas alertan sobre la mercantilización del cuerpo femenino y la profundización de las desigualdades, los sectores provida se enfocan en la deshumanización del proceso de gestación y la instrumentalización de la vida. Esta convergencia puntual de intereses entre bancadas tradicionalmente opuestas (como la bancada provida y ciertos sectores feministas que apoyan el proyecto) subraya la complejidad ética y social del tema, alejándose de los clivajes políticos usuales y abriendo un capítulo más en la discusión de los derechos reproductivos y la ética biomédica en Colombia.
Las implicaciones de esta ley, de ser aprobada, serían profundas, no solo para las parejas que buscan tener hijos mediante esta vía, sino también para el marco legal y ético de la reproducción asistida en el país.
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