La comunidad indígena Karedúa, asentada en el municipio de La Celia, Risaralda, ha lanzado una alerta urgente ante la percibida inacción de las autoridades tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. Ocho días después del evento telúrico, el gobernador del resguardo, Julio César Niaza, reporta una crítica emergencia humanitaria caracterizada por la destrucción de más de 30 viviendas y la afectación de al menos 50 familias, sin que haya llegado ayuda estatal de ningún nivel.
La situación ha dejado a 200 habitantes en una vulnerabilidad extrema, con sus precarias viviendas de esterilla reducidas a escombros y sus cultivos de plátano, vitales para su subsistencia, severamente dañados. La interrupción del acceso al agua potable agrava aún más el panorama, planteando un desafío inmediato para la salubridad y la supervivencia de la comunidad.
Devastación y Abandono en La Celia
Julio César Niaza describió un panorama desolador donde la solidaridad interna es la única respuesta efectiva hasta el momento. «La situación con el terremoto afectó a toda la comunidad. Por ahora no tenemos ninguna ayuda humanitaria municipal, departamental, ni internacional», afirmó el gobernador. Subrayó la ausencia de los cuerpos de socorro, como los bomberos, para realizar un censo oficial de los daños, lo que impide una evaluación precisa de la magnitud de la tragedia y la canalización de la asistencia necesaria.
La carencia de recursos propios de la comunidad indígena para reconstruir sus hogares y asegurar su futuro agrícola es un factor determinante. «Nuestras casitas son de esterilla y cayeron al suelo con el terremoto. El resguardo no tiene recursos. No tenemos suficiente tierra para volver a trabajar. Por el momento no hay ayuda humanitaria», explicó Niaza, resaltando la precariedad estructural y económica de sus viviendas.
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Frente a la desatención, los Karedúa han optado por la autogestión y el apoyo mutuo. Los miembros de la comunidad se han organizado para levantar temporalmente algunas de las casas utilizando los materiales disponibles, principalmente esterilla, buscando ofrecer un mínimo resguardo contra las inclemencias del tiempo, especialmente las lluvias. «Ya llevamos casi una semana así. Como somos unidos, tratamos de ayudar al compañero a armar una casa y después otra, con esterilla. Nos estamos organizando así. Lastimosamente, ubicamos una parte en un lado y otras familias están durmiendo en casas de compañeros», detalló Niaza, ilustrando la resiliencia y cohesión del pueblo Karedúa.
El Contexto de los Pueblos Indígenas en Colombia y el Eje Cafetero
La denuncia de la comunidad Karedúa no es un hecho aislado. Historias de desatención gubernamental hacia los pueblos indígenas, especialmente en situaciones de emergencia, resuenan en diversas regiones de Colombia. El Eje Cafetero, donde se ubica Risaralda, es una región de gran importancia ecológica y económica, pero también de profunda diversidad cultural, hogar de comunidades indígenas Emberá Chamí, entre otras. A pesar de su riqueza natural y su contribución a la economía nacional a través de la producción de café, muchas de estas comunidades afrontan desafíos persistentes relacionados con la tenencia de la tierra, el acceso a servicios básicos y la protección de sus derechos ancestrales.
Históricamente, los pueblos indígenas en Colombia han sido vulnerables a los impactos de desastres naturales y conflictos armados, a menudo experimentando una respuesta estatal tardía o insuficiente. Esta situación se agrava por las barreras culturales y lingüísticas, así como por la falta de una comprensión profunda de sus necesidades específicas y sus formas de organización social. La Defensoría del Pueblo, en un informe reciente, ha identificado a varios pueblos indígenas afectados por el mismo terremoto, incluyendo a los Wounaan, Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío y Awá, en departamentos como Chocó, con daños significativos en infraestructuras y resguardos como el de Unión Chocó San Cristóbal y los resguardos indígenas de Ríos Catri, Dobasa y Arcosó en el Alto Baudó.
La vocera Sandra Chindoy también ha elevado su voz pidiendo atención prioritaria para las comunidades indígenas afectadas, enfatizando que «el dolor y la muerte no se pueden politizar», y que la ayuda humanitaria debe llegar en condiciones de igualdad para todos los damnificados.
La situación de los Karedúa evidencia una brecha persistente en la capacidad de respuesta estatal, dejando a poblaciones históricamente marginadas a merced de su propia capacidad de organización y resistencia frente a tragedias que superan con creces sus medios.
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