Colombia requiere evidencia sólida para expandir aspersión aérea

Colombia necesita una base de evidencia sólida antes de considerar la ampliación del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. Esta es la premisa central de un análisis realizado por Eleonora Dávalos Álvarez, doctora en Políticas Pública de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNC Charlotte), en un debate sobre el tema.

El gobierno ha argumentado que obstáculos judiciales impiden la obtención de la evidencia científica necesaria, tras la suspensión del plan por dos despachos judiciales en Putumayo. Este piloto, aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes el 8 de septiembre, ha generado debate sobre su diseño y la validez de los resultados que pueda arrojar.

Deficiencias en el diseño del plan piloto

El diseño actual del plan contempla la fumigación de hasta 1.000 hectáreas durante siete días y exige a la Anla y al Instituto Nacional de Salud la entrega de sus conclusiones en un plazo de 60 días. Con base en este informe, se decidiría la extensión de la aspersión a nivel nacional. Sin embargo, se identifican tres fallas cruciales en esta metodología:

Tiempo insuficiente: La pregunta fundamental no se limita a la efectividad inmediata del herbicida sobre las hojas de coca, sino a la persistencia de los resultados y el ciclo de resiembra, un proceso que toma meses, no semanas.
Ausencia de comparación robusta: Sin una línea base clara y sin la implementación de zonas de control similares no intervenidas, cualquier variación en los cultivos podría atribuirse erróneamente a factores externos como el clima, los precios de la hoja de coca o la presión de grupos armados, y no directamente a la aspersión.
Evaluación interna: La evaluación del piloto está a cargo de entidades del mismo Estado que lo diseñó y ejecuta, lo que podría comprometer la imparcialidad de los resultados. Un diseño así no evalúa una política de manera objetiva, sino que podría tender a legitimarla o descartarla según la interpretación de quien analice los datos.

El potencial de los datos existentes y la academia

Colombia cuenta con herramientas y datos que podrían sustentar un diseño más robusto. Desde 1999, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), una iniciativa conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha recopilado 25 años de datos comparables sobre cultivos de coca mediante imágenes satelitales. Este sistema, que inicialmente se centró en un censo por departamento, ha evolucionado para analizar dinámicas socioeconómicas y geográficas asociadas a los cultivos.

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Estos datos han sido utilizados por investigadores nacionales y extranjeros para estudiar diversos aspectos, como la efectividad de la erradicación, sus efectos en los bosques, el conflicto, la salud y los motivos detrás de la siembra de coca por parte de las familias campesinas. Un estudio de los economistas Daniel Mejía, Pascual Restrepo y Sandra Rozo, por ejemplo, utilizó el cese de la fumigación en la frontera con Ecuador para comparar zonas similares, concluyendo que cada hectárea asperjada reducía los cultivos entre 0,02 y 0,03 hectáreas.

Propuesta para una evaluación imparcial: el comité técnico tripartito

Para asegurar una evaluación rigurosa, se propone la creación de un comité técnico tripartito que involucre al gobierno, la comunidad científica y la comunidad internacional (representada por la Unodc a través del Simci). Este espacio permitiría unir a quienes producen los datos, quienes los analizan y quienes toman las decisiones, una interacción que actualmente funciona por separado.

Las funciones de este comité incluirían:

Garantizar la continuidad metodológica y la publicación oportuna de los informes.
Asegurar el acceso de los investigadores a los microdatos.
Diseñar la evaluación de las intervenciones antes de su implementación a escala nacional.

Este comité no dictaría la política de drogas, sino que garantizaría que las decisiones se tomen con información fiable. Su independencia provendría de la participación equitativa de las tres partes, la publicación de protocolos de evaluación previos a cada intervención y la apertura de microdatos para la verificación de resultados. Precedentes similares en Colombia, como la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, demuestran la viabilidad de este tipo de colaboraciones.

Cumplimiento de exigencias constitucionales

Desde 2017, la Corte Constitucional ha exigido que cualquier decisión sobre aspersión se fundamente en investigación científica rigurosa, imparcial y de calidad. Para Putumayo, esto implicaría establecer una línea base con imágenes del Simci, definir zonas de comparación, medir la resiembra tras doce meses, monitorear registros de salud y establecer un protocolo público antes de iniciar cualquier aspersión. La implementación de un comité tripartito sería la vía más creíble para cumplir con esta exigencia constitucional, asegurando que la experimentación en los territorios más afectados del país genere un aprendizaje significativo y basado en datos.

Eleonora Dávalos Álvarez es economista de la Universidad del Valle y magíster en Economía ambiental de la Universidad de los Andes. Ha sido becaria de diversas instituciones y actualmente dirige el Doctorado en Economía de la Universidad Eafit.