CNE archiva caso Cepeda: financiación de campaña fue legal

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha puesto fin a la investigación preliminar que pesaba sobre la campaña del senador Iván Cepeda para la consulta interpartidista del Pacto Histórico, celebrada en octubre de 2025. La Sala Plena del organismo electoral concluyó que no existen pruebas de irregularidades en la financiación, desestimando la acusación de haber recibido donaciones encubiertas por un valor de 725 millones de pesos.

La decisión, notificada este 1 de septiembre, establece que los montos cuestionados corresponden a créditos en especie por servicios de publicidad e impresión, y no a aportes destinados a eludir los topes de financiación permitidos por la ley electoral colombiana.

Origen de la Investigación: Denuncia y Montos Cuestionados

La pesquisa del CNE se inició en enero a raíz de una denuncia presentada por el exconcejal Juan Martín Bravo Castaño, miembro del partido Conservador. La acusación se centraba en dos transacciones específicas que, según el denunciante, parecían ser donaciones disfrazadas:

116 millones de pesos aportados directamente por Javier Antonio Pérez Páez.
609 millones de pesos reportados a nombre de Samat Publicidad S.A.S., empresa de la cual Pérez Páez es socio.

Estos fondos fueron supuestamente destinados a la campaña de Cepeda, que finalmente lo consolidó como candidato presidencial dentro del Pacto Histórico, superando a Carolina Corcho en la consulta interna.

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La Versión de los Implicados y la Disparidad de Capital

Tanto el senador Iván Cepeda como Javier Antonio Pérez Páez mantuvieron desde el inicio que las transacciones no constituían donaciones. Argumentaron que se trataba de créditos por la prestación de servicios de impresión y publicidad, que la campaña se comprometió a pagar mediante la reposición de votos que el Estado otorga a las colectividades políticas tras los comicios.

En declaraciones, Cepeda afirmó: «Mi campaña a la consulta dio estricto cumplimiento a las normas sobre financiación privada, pues no se trataba de donaciones, sino de créditos en especie, que fueron correctamente registrados en las notas de contabilidad y en las obligaciones pendientes de pago, y reportados oportunamente a la autoridad electoral».

No obstante, la investigación tomó relevancia debido a una aparente desproporción: Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla y activa desde 2018, figura en la Cámara de Comercio con un capital pagado de apenas 20 millones de pesos. La financiación de 609 millones de pesos en material publicitario para la campaña de Cepeda representaba una cifra treinta veces superior a su capital declarado, y la empresa no registraba ingresos significativos por actividad ordinaria en ese momento. Esta discrepancia fue uno de los puntos clave analizados por el CNE.

Decisión del CNE: No Hubo Ocultamiento

A pesar de la disparidad en el capital social de Samat Publicidad S.A.S. y la magnitud del crédito otorgado, la Sala Plena del CNE no encontró pruebas suficientes para sustentar la acusación de irregularidad. El organismo electoral determinó que los informes financieros y las explicaciones presentadas eran coherentes con la modalidad de créditos en especie.

El fallo es categórico al afirmar: «No se encuentra acreditado que Samat Publicidad S.A.S. y Javier Antonio Pérez Páez hubiesen realizado donaciones a la campaña de Iván Cepeda, o que por vía de un crédito se quisiese ocultar la donación». Con esta resolución, se cierra el expediente, y se desestima la posibilidad de iniciar una investigación administrativa contra el senador.

Contexto Político y Financiamiento Electoral en Colombia

Este caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre el financiamiento de campañas políticas en Colombia. Las recurrentes controversias sobre el origen y la destinación de los recursos electorales han llevado a un endurecimiento de las normativas y una mayor vigilancia por parte de las autoridades, como el CNE y la Fiscalía General de la Nación. Casos recientes que involucran a figuras de alto perfil han puesto de manifiesto la complejidad de diferenciar entre aportes legítimos, créditos comerciales y posibles donaciones ilegales o contribuciones que exceden los topes. La opacidad en ciertos tipos de transacciones, especialmente cuando involucran empresas con bajo capital social y grandes montos, genera sospechas legítimas sobre la transparencia del sistema. La decisión en el caso Cepeda, aunque concluye sin hallazgos de irregularidad, subraya la importancia de la trazabilidad y la justificación de cada peso en el proceso democrático colombiano.

El escrutinio sobre el dinero en la política colombiana se ha intensificado tras varios escándalos que han minado la confianza pública, llevando a discusiones sobre la necesidad de reformas más profundas en el sistema electoral y de financiación partidista.