El senador Iván Cepeda confirmó su participación en las movilizaciones programadas para el próximo 14 de octubre. Una de las razones centrales de esta jornada de protestas, según el senador, será el rechazo al estatuto antiterrorista que ha sido impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
Críticas al proyecto de estatuto antiterrorista
Cepeda ha expresado que la propuesta gubernamental constituye, en su opinión, una amenaza para las garantías democráticas y los derechos fundamentales. En su cuenta de X, el senador manifestó: “El 14 de octubre saldremos a la movilización en defensa de la democracia y contra el estatuto del terror”.
El dirigente de oposición argumenta que el proyecto podría conducir a una ampliación excesiva de las facultades del Ejecutivo, lo que a su vez afectaría principios como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la protesta.
Días previos, Cepeda ya había cuestionado aspectos específicos del borrador del estatuto. Entre sus preocupaciones figuraban:
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- La figura de aprehensión preventiva abreviada.
El senador fue más allá al calificar la iniciativa como un intento de reemplazar el Estado de derecho. Asimismo, interpretó que las megacárceles propuestas por el Gobierno podrían transformarse en “campos de concentración” y alertó sobre posibles abusos en el ámbito de la inteligencia y el tratamiento de opositores políticos.
Posiciones encontradas frente a la iniciativa
Las afirmaciones de Cepeda reflejan una posición política que ha generado el rechazo de sectores afines al oficialismo. Desde el Gobierno y aquellos que apoyan el estatuto, la propuesta ha sido defendida como una herramienta esencial para combatir tanto a estructuras armadas como a organizaciones criminales.
Adhesión de otras figuras a la movilización
La movilización del 14 de octubre también contará con la presencia del expresidente Gustavo Petro. El exmandatario confirmó su asistencia en Bogotá y solicitó que la jornada se desarrolle de manera “multitudinaria y completamente pacífica”.
El Gobierno ha reafirmado su compromiso de garantizar el derecho a la protesta pacífica. No obstante, ha advertido que la Fuerza Pública intervendrá en caso de presentarse bloqueos, agresiones o cualquier tipo de hecho violento durante las manifestaciones.
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