Altos exfuncionarios del gobierno Petro han denunciado lo que califican como una «masacre laboral» dentro de entidades públicas, atribuyéndola a la administración de Abelardo de la Espriella. Según las acusaciones, se estaría presionando a cientos de contratistas para que terminen sus contratos bajo la figura de «mutuo acuerdo».
Exministros revelan mecanismos de presión
La alerta fue difundida públicamente por el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el exministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Ambos han mostrado cartas institucionales que, según sus declaraciones, instan a los trabajadores a firmar su desvinculación.
El exministro Palma destacó que el caso ha cobrado particular relevancia en el Ministerio de Minas, su anterior cartera. Allí, circulan comunicaciones que aluden a la Directiva Presidencial 04 de 2026 como base para promover estas desvinculaciones. Palma subrayó que un mutuo acuerdo debe derivar de un consentimiento libre, no de una imposición gubernamental. Por ello, ha divulgado una minuta legal, sustentada en la Ley 80 de 1993 y Colombia Compra Eficiente, para que los afectados puedan rechazar formalmente la firma de su renuncia.
El exministro también ha vinculado esta situación a la inestabilidad actual en el sector energético. Advirtió que la salida de personal técnico ocurre en un momento crítico, con la presencia del fenómeno de El Niño y una demanda energética en niveles históricos. Según Palma, la prescindencia de profesionales en esta cartera, que ya ha experimentado la renuncia de su viceministro de Energía y enfrenta cuestionamientos a directivos, podría debilitar la capacidad operativa del sector y poner en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico nacional.
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Frente a lo que consideran un abuso laboral y el aparente silencio del actual Ministerio del Trabajo, Antonio Sanguino ha solicitado la intervención urgente del procurador general, Gregorio Eljach. El objetivo es que la Procuraduría supervise las acciones de los ordenadores del gasto.
Adicionalmente, Sanguino y Palma han instado a los contratistas y demás trabajadores públicos a participar en las marchas convocadas para este 14 de octubre, como forma de protesta contra las medidas implementadas por el actual Gobierno.
En el pasado, también se reportaron situaciones de presión a contratistas en la alcaldía de Cartagena durante la administración de De la Espriella, donde según denuncias, se les presionaba para votar por el mandatario, bajo amenaza de no mantener sus contratos.
El gobierno de Abelardo De la Espriella ha manifestado su interés en fiscalizar los contratos estatales. Una de sus directrices ha sido mantener organizada la documentación de cada contrato para consulta pública a través de plataformas como SECOP. Asimismo, ha establecido que si se detectan hechos que pudieran generar responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales, estos deberán ser informados a las autoridades competentes para que determinen la existencia y alcance de las responsabilidades.
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