El senador Iván Cepeda ha denunciado públicamente la existencia de un supuesto plan destinado a vincularlo a un proceso judicial en Estados Unidos. Según el congresista, esta estrategia se fundamenta en la fabricación de testimonios falsos para implicarlo en actividades ilícitas.
Denuncia de «asedio» y campañas en redes
A través de su cuenta de X, Cepeda utilizó la palabra «ASEDIO» para iniciar su mensaje, en el que aseguró tener conocimiento sobre la reactivación de un plan que, según él, agencias estadounidenses no habían logrado ejecutar previamente en su contra. El senador también señaló la presencia de campañas en redes sociales que, a su juicio, buscan menoscabar su imagen y la de otros líderes del Pacto Histórico.
En su publicación, Cepeda afirmó que esta estrategia tiene como propósito «aniquilar física, judicial y moralmente a quienes dirigimos el Pacto Histórico». Además, sostuvo que detrás de estas acciones habría una intención de generar división y debilitar su movimiento político. Concluyó su mensaje defendiendo su trayectoria y reafirmando que «Lo mío es el poder de la verdad», asegurando que su dignidad y convicciones éticas no podrán ser destruidas.
Contexto de las restricciones migratorias de EE. UU.
La denuncia del senador Cepeda se produce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara, el lunes 28 de septiembre, la revocatoria de las visas de dos ciudadanos colombianos:
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- Martha Isabel Peralta Epieyú (senadora, integrante del Pacto Histórico y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS)
Esta medida también se extendió a los familiares directos de ambos. La decisión forma parte de la iniciativa Escudo de las Américas, una política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha impuesto restricciones de visado a ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
Según el Departamento de Estado, estas acciones están dirigidas a personas señaladas por socavar gobiernos democráticamente elegidos a través de actividades de corrupción o narcotráfico. La política de restricciones ha alcanzado a diversos funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, incluyendo al fiscal general Roger Mariaca, así como a ciudadanos de Perú y Ecuador.
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