Las instalaciones castrenses ubicadas en el municipio de Santa Rosa, en el Sur de Bolívar, sufrieron una ofensiva armada mediante artefactos aéreos no tripulados adaptados con cargas destructivas. El reporte emitido de manera oficial por la Primera División del Ejército Nacional constató el fallecimiento de tres uniformados, además de ocho efectivos con lesiones de gravedad y varios miembros institucionales adicionales bajo observación médica.
De forma preliminar, datos difundidos por la revista Semana apuntaron a un saldo de cerca de 30 uniformados lesionados. Ante la contingencia, el personal castrense coordinó la evacuación de los afectados hacia complejos hospitalarios situados en Bucaramanga y Barrancabermeja, en el departamento de Santander.
Detalles de la agresión y pronunciamiento oficial
La unidad militar catalogó este episodio como una conducta terrorista y denunció una transgresión directa a las normas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Frente a la agresión contra el cantón, la institución castrense desplegó medidas de resguardo y esquemas de evaluación en el área.
“Tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho”, expuso la Primera División del Ejército Nacional al referirse a las indagaciones en marcha para determinar las condiciones del ataque y la condición clínica de cada lesionado.
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En este sector del departamento de Bolívar confluyen estructuras armadas al margen de la ley pertenecientes al Clan del Golfo y al ELN. De acuerdo con información divulgada por la revista Semana, este último grupo criminal aparece como el presunto autor de la acción bélica, motivado en apariencia por una respuesta armada frente a los despliegues que la fuerza pública ha ejecutado recientemente en este territorio.
Para mitigar futuros eventos de orden público y neutralizar peligros colectivos, la fuerza militar habilitó la línea 107 contra el terrorismo, instando a los ciudadanos locales a compartir reportes confidenciales sobre cualquier actividad sospechosa.
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