Popayán, Cauca. La violencia que azota el departamento del Cauca ha cobrado la vida de María Ovidia Palechor y James Flor, una pareja de líderes sociales y esposos, asesinados en su vivienda ubicada en el sector Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, en el municipio de Cajibío. El crimen, ocurrido esta semana, ha generado una condena unánime por parte de organizaciones de derechos humanos y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quienes urgen medidas para proteger a los defensores del territorio.

Doble homicidio y trayectoria de liderazgo

Hombres armados ingresaron a la residencia de Palechor y Flor para perpetrar el doble asesinato. Hasta el momento, las autoridades no han determinado los responsables ni los móviles del crimen. La Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación y ha solicitado la convocatoria urgente de un consejo de seguridad para abordar la crítica situación en el departamento.

María Ovidia Palechor era una reconocida lideresa indígena del pueblo Yanakuna. Dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos de las mujeres y el acompañamiento a víctimas del conflicto armado. Su trayectoria incluía la coordinación del Programa Mujer y del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, una de las organizaciones indígenas más influyentes de Colombia. James Flor, su esposo, también era un destacado líder social, reconocido por su trabajo con las víctimas y las comunidades campesinas de La Pedregosa. Ambos integraban la Mesa Departamental de Víctimas, una plataforma clave para la interlocución entre las comunidades afectadas por el conflicto y las instituciones gubernamentales.

La pareja había denunciado públicamente las amenazas recibidas en el pasado y había jugado un rol activo en la visibilización de la violencia que azota a Cajibío. Tras el atentado del 25 de abril en la vía Panamericana, que dejó 21 personas muertas, Palechor acompañó a periodistas y organismos de derechos humanos que se desplazaron a La Pedregosa, instando a la atención de las comunidades afectadas. Este antecedente subraya la vulnerabilidad a la que se enfrentaban.

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Contexto de inestabilidad en el Cauca

El asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un panorama de creciente crisis de seguridad en el departamento del Cauca, una región históricamente convulsa debido a la confluencia de múltiples factores. Su ubicación estratégica, rica en recursos naturales y rutas para economías ilícitas, la convierte en un epicentro de disputas entre diversos grupos armados. La presencia de disidencias de las FARC, particularmente las asociadas a ‘Iván Mordisco’, grupos armados organizados y bandas criminales, genera un constante enfrentamiento con la Fuerza Pública y una victimización sistemática de la población civil, especialmente líderes sociales y comunidades étnicas.

Los programas de sustitución de cultivos ilícitos, la implementación del Acuerdo de Paz y la titulación de tierras han avanzado lentamente en muchas zonas, lo que ha permitido a los actores armados ilegales mantener su influencia y reclutar a jóvenes en un contexto de escasas oportunidades. Cajibío, en particular, ha sido escenario de recurrentes combates y afectaciones a sus comunidades, lo que agudiza la desconfianza hacia las instituciones estatales y expone aún más a quienes defienden los derechos de los más vulnerables.

El modelo de desarrollo predominante, basado en la explotación minera y agroindustrial en algunas zonas, ha generado también tensiones territoriales y sociales, afectando los modos de vida tradicionales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En este entramado de intereses y violencias, la labor de líderes como Palechor y Flor, que defienden el territorio y los derechos colectivos, se convierte en una amenaza directa para quienes buscan perpetuar el control sobre la región.

Cifras alarmantes y llamados urgentes

Con este doble crimen, el registro de Indepaz eleva a 103 el número de líderes sociales y comunitarios asesinados en Colombia durante 2026. Esta cifra resalta la persistencia de la violencia contra quienes trabajan por la construcción de paz y la defensa de derechos en el país.

Condenas y exigencias

  • CRIC: Condenó el asesinato y exigió garantías para los líderes y comunidades.
  • Centro Nacional de Memoria Histórica: Se unió al repudio, pidiendo justicia y protección.
  • Organizaciones de Derechos Humanos: Reclamaron una respuesta contundente del Estado.
  • Defensoría del Pueblo: Instó a un consejo de seguridad urgente y acciones concretas para proteger a los defensores.

Las primeras versiones, aunque sin confirmación oficial, apuntan a una posible participación de disidencias asociadas con ‘Iván Mordisco’ en el crimen, lo que subraya la complejidad y la fragmentación de los actores armados en la región. La investigación continúa, mientras las comunidades de Cajibío y el Cauca lamentan la pérdida de dos voces fundamentales en la defensa de sus derechos y su territorio.

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