Arresto confirmado para interventor y gerente de Nueva EPS por desacato judicial

AGUADAS, CALDAS – En una decisión que resalta la seriedad del sistema judicial frente a la garantía del derecho a la salud, el Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, ha confirmado en segunda instancia las sanciones impuestas contra el agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, y el gerente regional Centro Occidente (encargado), Luis Carlos Velandia Cortés. Ambos funcionarios enfrentarán tres días de arresto y una multa millonaria por desacatar una acción de tutela que ordenaba la atención médica integral de un menor de edad. Este fallo subraya la ineficacia administrativa que persiste en el sistema de salud colombiano, particularmente en la atención a poblaciones vulnerables.

Ratificación de Sanciones por Incumplimiento Grave

La resolución del Juzgado Civil del Circuito de Aguadas ratifica la decisión inicial emitida el 23 de junio por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma localidad. Las sanciones incluyen tres días de arresto para cada funcionario y una multa pecuniaria equivalente a 434 Unidades de Valor Básico (UVB). La determinación judicial se fundamenta en el incumplimiento reiterado y sin justificación de una orden de tutela vital para la salud de un menor.

El caso involucra a un niño diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita. A pesar de la gravedad de su condición y la urgencia de su tratamiento, la Nueva EPS no garantizó la atención integral necesaria, lo que llevó a la familia a recurrir a la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales.

Contexto del Caso: Una Larga Lucha por la Salud

La génesis de esta situación se remonta a febrero de 2023, cuando un juez de tutela emitió una orden clara a favor del menor. Dicha orden establecía la obligación de la EPS de proporcionar un tratamiento integral que incluyera:

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Consultas con especialistas (infectología, neurocirugía, neurología pediátrica, psicología, fonoaudiología).
Procedimientos y terapias específicas.
Suministro de medicamentos necesarios.
Realización de exámenes médicos, incluyendo una tomografía de cráneo.

Estos servicios debían ser garantizados tanto si estaban incluidos o no en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), atendiendo exclusivamente a las necesidades clínicas del paciente, un principio rector en la jurisprudencia constitucional colombiana sobre el derecho a la salud.

Persistencia en el Incumplimiento y Actitud Dilatoria

Pese a la claridad de la orden judicial, la EPS no acató lo dispuesto. En abril de este año, la madre del menor se vio obligada a interponer un incidente de desacato, denunciando que la entidad seguía sin autorizar ni materializar una parte significativa de los servicios médicos prescritos. Este paso legal es una herramienta que la Constitución colombiana brinda a los ciudadanos para garantizar el cumplimiento de las tutelas cuando las instituciones fallan en su deber.

Durante el trámite del incidente, el despacho judicial requirió en múltiples ocasiones a Jorge Iván Ospina Gómez y Luis Carlos Velandia Cortés para que presentaran pruebas del cumplimiento o justificaran la razón de la inobservancia. Sin embargo, el expediente judicial revela que los funcionarios mantuvieron silencio y no aportaron evidencia de gestiones encaminadas a garantizar la atención del niño.

La revisión del caso en grado de consulta por parte del Juzgado Civil del Circuito fue determinante. La jueza María Magdalena Gómez Zuluaga concluyó que el incumplimiento fue injustificado, evidenciando negligencia por parte de los directivos. Esta omisión, según el dictamen, afectó directamente los derechos fundamentales del menor a la salud, la vida y la dignidad humana.

Implicaciones del Fallo y Contexto Nacional de la Salud

Este pronunciamiento judicial no solo es relevante por las sanciones impuestas, sino por el mensaje que envía a los administradores del sistema de salud en Colombia. La jueza Gómez Zuluaga fue enfática al señalar que la sanción de arresto y multa no exime a los funcionarios de la obligación de cumplir inmediatamente el fallo de tutela. Advirtió, además, que de persistir el desacato, se podrán imponer nuevas medidas hasta que se garantice plenamente la atención médica ordenada.

Crisis del Sistema de Salud Colombiano: Un Patrón Recurrente

El caso de Aguadas no es un incidente aislado; refleja una problemática sistémica en el sector salud colombiano, especialmente en regiones como Caldas, Valle del Cauca o Nariño, donde la dispersión geográfica y la dificultad de acceso a servicios especializados exacerban las deficiencias administrativas de las EPS. La figura del desacato de tutelas por incumplimiento de derechos fundamentales es una constante en el país, lo que ha llevado al sistema judicial a convertirse en un garante frecuente de la prestación de servicios de salud que las entidades no proporcionan por iniciativa propia.

La intervención actual del gobierno en varias EPS, con la intención de reestructurar el sistema y garantizar un servicio más eficiente, busca precisamente corregir estas fallas estructurales. Sin embargo, el aumento sostenido de incidentes de desacato, como el descrito en este caso, evidencia que los desafíos persisten y que la materialización del derecho a la salud sigue siendo una lucha para muchos ciudadanos, especialmente niños y poblaciones vulnerables.

Este tipo de fallos judiciales, aunque lamentables por la situación que los origina, son cruciales para recordar a los actores del sistema de salud que la Constitución y sus mandatos no son letra muerta, y que la protección de los derechos fundamentales es innegociable.