La evacuación preventiva en las sedes de Caracol Radio y Caracol Televisión en Bogotá, provocada por alertas recientes de seguridad, reactivó el debate nacional en torno a la vulnerabilidad que enfrentan los comunicadores en el territorio colombiano. Este suceso coincidió con una serie continuada de intimidaciones, ataques físicos y descalificaciones dirigidas hacia diversos medios y sus equipos periodísticos en distintas zonas del país.
Ante estos episodios, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) emitió un pronunciamiento formal para advertir sobre la precariedad de las condiciones que rodean la labor informativa. La entidad subrayó que tales acontecimientos obligan a revisar el rol que desempeña la prensa y la efectividad de las protecciones dispuestas para su ejercicio independiente.
Cifras alarmantes de violencia contra comunicadores
Mediante un comunicado difundido en su perfil de X, el gremio periodístico rememoró que el entorno nacional atraviesa un periodo prolongado de agresiones directas y señalamientos públicos, con un impacto notable en las áreas regionales. De acuerdo con la organización, este contexto incide de forma negativa en las evaluaciones internacionales sobre libertades civiles.
Como sustento, la AMI aludió al Índice Chapultepec elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), medición que posiciona a Colombia como una de las naciones con retrocesos más marcados en materia de libertad de expresión. La agremiación reportó los siguientes datos correspondientes al lapso comprendido entre agosto de 2022 y julio de 2026:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →- Se cuantificaron más de 2.000 ataques dirigidos hacia cientos de trabajadores de la información.
- Se documentaron diez homicidios de periodistas, de los cuales cuatro se registraron a lo largo del año 2026.
- La frecuencia de los hostigamientos equivale, en promedio, a una amenaza cada dos días contra algún reportero.
Riesgos para la ciudadanía y llamados a las autoridades
Para la entidad gremial, el impacto de estos actos de intimidación trasciende al gremio periodístico y perjudica a la colectividad en general. Sobre este punto, la organización recalcó: “La libertad de prensa y el derecho a la información no son privilegios de quienes informan. Son garantías de los ciudadanos que necesitan voces diversas para entender lo que ocurre y formar su criterio”.
El organismo advirtió que la persistencia de atentados y amenazas impulsa dinámicas de censura y autocensura, lo cual priva a los ciudadanos del acceso a múltiples fuentes para formarse un criterio sobre la realidad. Por esta razón, la agremiación requirió al Estado el diseño y ejecución de políticas gubernamentales precisas, dotadas de esquemas de resguardo eficaces que trasciendan los periodos de mandato presidencial.
Finalmente, la AMI instó a examinar los discursos oficiales dirigidos a los medios, en particular aquellos emitidos por funcionarios con liderazgo institucional. El gremio recalcó que los pronunciamientos de las autoridades poseen una repercusión decisiva, por lo que pueden fomentar la tolerancia hacia la labor informativa o, por el contrario, exacerbar el descrédito contra la prensa, menoscabando el pluralismo y la pluralidad de opiniones esenciales para la vida democrática.
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