Medellín, Antioquia. Juan Fernando Tobón Correa, conocido con el alias de ‘El Paisa’, fue judicializado y enviado a prisión por su presunta implicación en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez. Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia, y han generado preocupación en el sector profesional y la comunidad local.

La captura de ‘El Paisa’ fue realizada por miembros del CTI, con el respaldo del Gaula Militar, en el municipio de Bello, también en Antioquia. La Fiscalía General de la Nación lo señala como presunto integrante de la estructura delincuencial ‘El Mesa’, y lo acusa de haber participado activamente en la retención y posterior desaparición del profesional.

El Día de la Desaparición: Interceptación y Violencia

Según la información presentada por la Fiscalía durante las audiencias concentradas, el ingeniero Peláez se encontraba realizando labores medioambientales en San Andrés de Cuerquia. La mañana del 4 de abril de 2022, al salir del hotel donde se hospedaba para desayunar, fue interceptado en el parque principal por un grupo de aproximadamente cinco individuos armados. Testigos y la investigación indican que fue intimidado con armas de fuego, golpeado y forzado a subir a un vehículo.

El fiscal del caso detalló que entre los presuntos captores se encontraban, además de ‘El Paisa’, otros sujetos identificados con los alias de ‘300’, ‘El Willy’ y ‘El Cabo’. Todos ellos han sido vinculados al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘El Mesa’. La investigación sostiene que ‘300’ fue quien conducía el vehículo en el que se llevaron al ingeniero.

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Ruta del Cautiverio y Desaparición

La Fiscalía ha podido reconstruir parte del recorrido de Peláez tras su retención. Fue trasladado a una residencia ubicada en el casco urbano de San Andrés de Cuerquia, donde, según los indicios, lo amarraron con cordones de zapatos. Al día siguiente, fue movilizado en un vehículo hacia las afueras del municipio. Desde ese momento, el paradero de Andrés Camilo Peláez es desconocido.

El fiscal subrayó la premeditación del acto:

  • ‘Alias ‘El Paisa’, alias ‘El Willy’ y ‘El Cabo’ concertaron y planearon el secuestro de la víctima.
  • Solicitaron apoyo logístico a terceros.
  • Realizaron actividades de seguimiento y localización previas.

Adicionalmente, se señaló que ‘El Paisa’ no ha mostrado intención de colaborar con las autoridades, ni de reconocer los hechos ni de informar la ubicación del cuerpo de la víctima. Su abandono del municipio tras los hechos ha sido interpretado como un intento de evadir la justicia.

Proceso Judicial y Otros Implicados

A pesar de que Juan Fernando Tobón Correa no aceptó los cargos por desaparición forzada, el juez de control de garantías determinó su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el proceso legal.

Este caso ya ha llevado a la judicialización de otras dos personas previamente:

  • José Fernando Chavarría Ramírez: Actualmente vinculado al proceso.
  • Juan Fernando Tapias: Recuperó la libertad por vencimiento de términos, lo que en ocasiones genera un sentimiento de frustración y desconfianza en la celeridad de la justicia entre las víctimas y la ciudadanía.

La incógnita central sigue siendo el destino final del ingeniero Andrés Camilo Peláez y la recuperación de su cuerpo, un anhelo constante para su familia.

Contexto Regional: La Sombra de Grupos Delictivos en el Norte Antioqueño

El norte de Antioquia, donde se ubica San Andrés de Cuerquia, ha sido históricamente una región golpeada por la presencia y accionar de diversos grupos armados ilegales y organizaciones delincuenciales. Su ubicación estratégica, con corredores hacia el Caribe y el Tapón del Darién, la ha convertido en un territorio de interés para el control de rutas de narcotráfico, cultivos ilícitos y economías ilegales.

El GDO ‘El Mesa’, al que se vincula a ‘El Paisa’, es conocido por su injerencia en municipios del Valle de Aburrá y su proyección hacia zonas rurales para extender sus operaciones ilícitas. La desaparición forzada, una práctica que remite a los períodos más oscuros del conflicto armado colombiano, persiste como un flagelo que afecta a comunidades, generando miedo e impunidad. Casos como el del ingeniero Peláez evidencian la compleja red de violencia que aún pervive, donde los intereses criminales no dudan en atacar a civiles que, por su labor o presencia en la zona, pueden ser percibidos como una amenaza o un objetivo para extorsionar o silenciar.

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