La representante a la Cámara por el Cauca, Aída Quilcué, expresó duros cuestionamientos frente a la iniciativa radicada por el Gobierno nacional para fijar los términos judiciales dirigidos a las estructuras del crimen organizado. De acuerdo con la legisladora, las medidas planteadas flexibilizan las sanciones aplicables a los autores de conductas delictivas graves, lo cual generaría impactos negativos sobre las garantías de los afectados por el conflicto.

Cuestionamientos a las rebajas penales y derechos de las víctimas

Durante su pronunciamiento, la congresista enfatizó que la búsqueda de pacificación no debe sustentarse en la falta de castigo judicial. Quilcué rechazó cualquier intento de equiparar judicialmente las redes dedicadas al narcotráfico con quienes han perpetrado infracciones de lesa humanidad o crímenes de guerra, reiterando que la reparación integral y la no repetición constituyen principios inquebrantables frente a cualquier negociación institucional.

El articulado legislativo bajo análisis incluye disposiciones específicas para la reducción de condenas:

  • Disminución de penas de hasta un 50 % para los miembros rasos pertenecientes a las estructuras armadas.
  • Rebajas de hasta un 30 % destinadas a los cabecillas de estas agrupaciones ilícitas.

Las condiciones del Gobierno y el debate legislativo

Frente a estos reparos, la postura del Ejecutivo defiende que los beneficios contemplados no operarán de manera automática, sino que requerirán compromisos verificables por parte de los procesados. Entre las obligaciones estipuladas figuran la desvinculación total de las prácticas delincuenciales, la cesión formal de activos patrimoniales, la entrega de versiones para el esclarecimiento de hechos y la reparación directa hacia las víctimas.

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El trámite de este proyecto de ley de sometimiento a la justicia de De la Espriella continúa en manos del Congreso de la República, corporación encargada de deliberar y delimitar el alcance final de los beneficios y exigencias normativas.

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