Activistas, expertos y representantes de comunidades indígenas de Colombia alzaron su voz este martes ante la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (SB62) en Bonn, Alemania, para exigir la prohibición definitiva del fracking en el país. El mensaje fue contundente y unánime: la moratoria a esta técnica de extracción de hidrocarburos no debe ser una moneda de cambio electoral, sino una política de Estado inamovible, fundamental para la sostenibilidad del territorio y la vida.

La delegación colombiana, que incluyó a figuras como el activista Juan David Amaya y la experta en política climática Gina Cortés Valderrama, además de líderes indígenas como Dwirunney Torres, subrayó la necesidad de que la postura de Colombia frente al fracking trascienda cualquier cambio de gobierno. Esta demanda se produce en un momento crucial, con las elecciones presidenciales colombianas en el horizonte y el futuro de la moratoria en el centro del debate político nacional.

Colombia: Un Liderazgo Climático en Escena Global

La participación colombiana en las sesiones de órganos subsidiarios de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC) no fue fortuita. La conferencia de prensa oficial, organizada por la Universidad de Columbia, el ACE Observatory y Life of Pachamama, buscó aprovechar la visibilidad de este foro multilateral para consolidar una postura que, según los activistas, representa la legitimidad moral del país en la lucha contra la crisis climática.

Juan David Amaya, en una intervención que resonó con firmeza, destacó la posición de Colombia como un referente en la defensa de la vida y los territorios frente a la explotación extractiva. “Colombia llegó a estas negociaciones con algo que muy pocos países del mundo tienen: legitimidad moral. La voz de un país que eligió la vida sobre la extracción, los territorios sobre el capital, el futuro sobre la renta fácil”, afirmó Amaya, enfatizando que este capital moral se ha construido a lo largo de décadas y no puede ser desmantelado por decisiones políticas coyunturales.

La Voz de los Territorios Indígenas y la Defensa del Agua

El testimonio de Dwirunney Torres, representante de pueblos indígenas, añadió una capa de profundidad y urgencia a la exigencia. Su presencia en Bonn visibilizó las preocupaciones directas de las comunidades que residen en áreas potencialmente afectadas por el fracking, donde la técnica de fracturación hidráulica representa una amenaza directa a sus modos de vida, el agua y la tierra.

  • Impacto en el Agua: El fracking requiere grandes volúmenes de agua, lo que podría agravar la escasez hídrica en diversas regiones. Además, existe el riesgo de contaminación de acuíferos con los químicos utilizados en el proceso.
  • Degradación del Territorio: La actividad extractiva asociada al fracking implica la construcción de infraestructura que puede alterar ecosistemas, modificar paisajes y desplazar comunidades.
  • Amenaza a Comunidades Indígenas: Para los pueblos originarios, la tierra y sus recursos naturales son parte integral de su cosmovisión y supervivencia cultural. La explotación mediante fracking vulnera sus derechos territoriales y culturales.

“Nuestros territorios no son zonas de sacrificio. El fracking destruye el agua, destruye la tierra, destruye a los pueblos”, declaró Torres, dejando claro que para los pueblos indígenas de Colombia, la prohibición del fracking es una cuestión de supervivencia, libre de cualquier matiz político.

Contexto Nacional: entre la Moratoria y el Debate Político

La discusión sobre el fracking en Colombia ha sido un tema recurrente en la agenda política y ambiental del país durante la última década. Desde la aprobación de licencias para proyectos piloto en gobiernos anteriores hasta la moratoria actual impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro, la fracturación hidráulica ha polarizado opiniones. Los defensores argumentan la necesidad de asegurar la soberanía energética y la explotación de reservas para la autosuficiencia económica, mientras que los opositores alertan sobre los irreversibles daños ambientales y sociales.

El Gobierno de Gustavo Petro ha mantenido una postura firme contra el fracking, considerándolo incompatible con la transición energética y la protección ambiental que promueve. Sin embargo, la permanencia de esta postura más allá del actual mandato presidencial genera incertidumbre. La industria de hidrocarburos y ciertos sectores políticos abogan por la continuidad de los proyectos de exploración y explotación, incluyendo el fracking, argumentando la dependencia económica del país a los ingresos petroleros y gasíferos.

La región del Valle del Magdalena Medio, en particular en departamentos como Santander, Boyacá y Cesar, ha sido señalada como un área con potencial para proyectos de fracking. La densidad de población, la actividad agrícola y la presencia de fuentes hídricas importantes en estas zonas, hacen que cualquier decisión sobre esta práctica tenga implicaciones significativas para miles de habitantes y ecosistemas.

Implicaciones Globales de la Decisión Colombiana

Gina Cortés Valderrama, experta en política climática internacional, enfatizó que lo que ocurra en Colombia respecto al fracking tiene una resonancia mucho más allá de sus fronteras. “Lo que pasa en Colombia no se queda en Colombia. Colombia ha liderado con una postura que defiende los derechos colectivos y los territorios, y entiende que no puede haber transición sin justicia”, explicó Cortés. Esta posición ha consolidado a Colombia como un referente para el Sur Global en la construcción de una política climática con enfoque de derechos y equidad.

La delegación colombiana ante la ONU buscó consolidar esta narrativa, posicionando la prohibición del fracking como un pilar fundamental de su estrategia climática. La conferencia de prensa, realizada como evento paralelo oficial dentro del proceso de la UNFCCC, reunió a representantes de diversos países y de la sociedad civil global, quienes escucharon atentamente el llamamiento de los colombianos. La decisión de Colombia, por tanto, se observa como un precedente para otros países en desarrollo que enfrentan presiones similares entre la explotación de recursos y la protección ambiental.

La presión ejercida en este escenario internacional busca blindar la moratoria al fracking, elevándola a un rango de decisión estratégica que no pueda ser revertida fácilmente por futuros gobiernos, garantizando así una senda hacia un desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos en Colombia.