Una contracción de entre el 30 % y el 40 % en la comercialización de automotores enfrentaría Colombia si prospera la propuesta de elevar el impuesto sobre las ventas (IVA) del 5 % al 19 % para tecnologías híbridas y eléctricas. La advertencia fue formulada por Pedronel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores en Colombia (Aconauto), mediante una comunicación dirigida al Ministerio de Hacienda en el marco del proyecto de ajuste fiscal.
De acuerdo con el vocero, el ajuste impositivo generaría consecuencias opuestas a los objetivos gubernamentales, ya que el encarecimiento de los modelos frenaría el consumo y mermaría los ingresos fiscales derivados del sector.
Impacto en precios y proyecciones de mercado
Quijano sostuvo que la iniciativa parte de una premisa errónea al calcular que la demanda se mantendrá estable frente a la nueva carga tributaria. Según sus estimaciones, el incremento del gravamen se reflejaría directamente en el valor final que asume el comprador:
- Un vehículo cotizado en 100 millones de pesos subiría a 114 millones de pesos debido al ajuste del 14 % en el tributo.
- Existen referencias eléctricas e híbridas con valores cercanos a los 78 u 80 millones de pesos, cifras que compiten o se ubican por debajo de alternativas a gasolina, desvirtuando que sean artículos exclusivos de altos patrimonios.
El dirigente gremial calculó que la adopción de este artículo causaría una caída en el volumen general de operaciones, pasando de cerca de 335.000 unidades durante el año en curso a aproximadamente 200.000 en 2027. Actualmente, los automóviles híbridos abarcan el 30 % del mercado nacional, mientras que los eléctricos representan el 16 %.
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Aconauto cuestionó asimismo los esquemas vigentes para la devolución del IVA, señalando que la lentitud en los procesos administrativos desincentiva el desembolso de los compradores, quienes no tienen garantías de recuperar su dinero en plazos razonables.
Ante la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda a la carta remitida, el gremio solicitó un espacio de diálogo formal con dicha cartera y pidió la intervención del Congreso para modificar el texto durante el debate legislativo, argumentando que gravar en exceso esta actividad económica afectará severamente las finanzas públicas.
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