El presidente Abelardo de la Espriella oficializó mediante su firma la Ley de Sometimiento, iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo y ratificada por el Congreso de la República. Esta normativa representa la primera ley promulgada durante su periodo administrativo, tras completar su trámite en el legislativo el 4 de noviembre de 2026.
La adopción definitiva ocurrió en la Cámara de Representantes alrededor de la medianoche de un miércoles, luego de una jornada de deliberación que se prolongó cerca de 14 horas. Dicha corporación respaldó la iniciativa mediante la figura de voto espejo, ratificando el documento exacto avalado previamente por el Senado de la República, sin introducir modificaciones adicionales al articulado.
Supresión de diálogos y nuevas directrices judiciales
La flamante disposición legal desmonta formalmente los espacios de diálogo, suspende la designación de personas como gestores de paz y prohíbe frenar los mandamientos judiciales de captura. De acuerdo con el senador ponente Hernán Cadavid, la estructura no corresponde a un pacto político ni a un proceso de paz, por lo que tampoco detiene los trámites de extradición en curso.
Respecto al régimen punitivo y penitenciario, el texto introduce modificaciones sustanciales para los integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley que decidan acogerse:
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- Reclutamiento de menores: quedan excluidos de cualquier beneficio penal o rebaja quienes registren condenas por este delito o hayan sido responsables del reclutamiento forzado de personas menores de 14 años.
- Porcentajes de rebaja: se contempla una deducción de hasta el 50% de la sanción privativa para mandos medios, mientras que para los cabecillas la reducción máxima se limitará al 30%.
- Custodia penitenciaria: los sitios de retención operarán bajo la tutela exclusiva del INPEC, manteniendo condiciones de restricción efectiva de la libertad.
- Financiamiento: se suprimió la autorización previa que permitía emplear partidas de gastos reservados provenientes del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Frente al alcance de las medidas, el ministro de Justicia, Iván Cancino, puntualizó que la entrega de ventajas judiciales estará sujeta al rigor en el acatamiento de las condiciones por parte de los procesados, advirtiendo que los incumplimientos impedirán el otorgamiento de rebajas o concesiones de libertad condicional.
Objeciones políticas en el Congreso de la República
La discusión parlamentaria estuvo marcada por el distanciamiento de la bancada del Pacto Histórico durante las votaciones en el Senado. Congresistas como Wilson Arias anunciaron su retiro del debate parlamentario en señal de protesta. Por su parte, el legislador Kevin Gómez sostuvo reparos al contenido de la iniciativa, vinculándola con antiguos clientes de la firma jurídica particular del mandatario, mencionando específicamente a Álex Saab.
Asimismo, la senadora Carolina Corcho manifestó su rechazo frente a la aprobación del texto, argumentando que una norma de carácter ordinario no debería restringir las competencias de la presidencia para gestionar salidas de paz.
Tras la sanción presidencial, De la Espriella difundió un pronunciamiento a través de su cuenta de X, aseverando que la norma clausura los tratos benévolos hacia las estructuras armadas e impone el principio de subordinación absoluta de los criminales ante la administración de justicia del Estado.
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