Las instalaciones del Batallón Paraíso, ubicadas en Barranquilla, mantienen estrictamente su carácter castrense y continúan bajo la tutela directa del Ministerio de Defensa. Documentos oficiales emitidos por el Ejército Nacional y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), divulgados por la revista CAMBIO, desvirtúan la condición del recinto como despacho oficial alterno del Ejecutivo, al no existir acto administrativo alguno de desafectación sobre el predio.
La postura oficial de Presidencia y las Fuerzas Militares
Frente a diversas peticiones de información, la Presidencia de la República certificó que no ha edificado ni designado de manera formal ningún espacio gubernamental secundario en la capital del Atlántico. De forma paralela, la institución castrense ratificó que la edificación conserva intacta su función y administración militar original.
A pesar de esta carencia de sustento jurídico, Abelardo De la Espriella ha empleado activamente las dependencias de la guarnición para liderar consejos de ministros, coordinar gestiones estatales y atender visitas diplomáticas internacionales. Por su parte, el mandatario había manifestado con anterioridad, un domingo 2 de agosto, que en dicha urbe no se adelantaba el levantamiento de un nuevo palacio presidencial.
Aportes empresariales bajo la lupa
Las remodelaciones del complejo militar no contaron con presupuesto estatal, diferenciándose de las operaciones habituales en la Casa de Nariño en Bogotá. Los trabajos de adaptación se sufragaron con capital netamente privado, alcanzando una cifra de $1.126 millones suministrados por un grupo de 12 entidades comerciales.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Sin embargo, las indagaciones periodísticas de CAMBIO detectaron inconsistencias financieras y técnicas relevantes en el proceso de adecuación:
- Cinco de las compañías aportantes declararon cero pesos en ingresos por actividades ordinarias durante sus más recientes actualizaciones de matrícula mercantil.
- Dichas cinco firmas desembolsaron, de manera conjunta, contribuciones que rebasaron los $351 millones.
- Las remodelaciones locativas carecieron de interventoría técnica contratada para verificar la ejecución de los trabajos.
- El proyecto avanzó desprovisto de pólizas de estabilidad de la obra, coberturas de calidad y garantías de cumplimiento.
Dudas sobre el uso de recintos castrenses
Esta situación suscita cuestionamientos en torno a la legalidad de emplear inmuebles de la fuerza pública para fines del despacho gubernamental sin previa desafectación. Asimismo, persisten inquietudes sobre el esquema de recepción de dádivas particulares y la ausencia de controles rigurosos en las obras físicas ejecutadas dentro de un predio que, formalmente, no ha dejado de ser militar.
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