Una solicitud formal para que la justicia de Estados Unidos examine las actividades del presidente Abelardo De la Espriella fue tramitada por el senador Iván Cepeda. El legislador remitió un documento dirigido al fiscal general estadounidense junto a 15 miembros del Congreso de esa nación, señalando supuestos vínculos de índole comercial y personal entre el mandatario colombiano e individuos que han aceptado cargos por tráfico de drogas en tribunales norteamericanos.
De acuerdo con el parlamentario, las determinaciones gubernamentales y los contactos corporativos de De la Espriella representan una eventual amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La misiva estructura cuatro ejes temáticos fundamentales para fundamentar la petición de indagación.
Señalamientos sobre nexos comerciales y familiares
El primer aspecto denunciado involucra aparentes transacciones económicas de De la Espriella con personas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes. En este punto, Cepeda identificó a Manuel Rodríguez Puentes, a quien describió como un confeso narcotraficante que concretó acuerdos ante instancias judiciales norteamericanas. Asimismo, el congresista apuntó a contactos con parientes de alias Comandante Barbie, sujeto que también mantiene convenios vigentes con la justicia estadounidense.
Cuestionamientos en la administración de bienes incautados
La segunda alerta del documento recae sobre el manejo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad estatal responsable de custodiar las propiedades decomisadas al crimen organizado para destinarlas a la reparación de víctimas. Cepeda puso en duda el nombramiento de Diana Patricia Bravo en la dirección del organismo, tras indicar que formó parte del equipo jurídico de De la Espriella en momentos en que se adelantan litigios vinculados a dichos bienes.
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El senador también expuso otros dos puntos de preocupación que complementan el requerimiento internacional:
- Peligro para habitantes rurales: Advirtió sobre amenazas contra poblaciones campesinas que manifiestan resistencia al narcotráfico, precisando el caso de la comunidad de La Hacienda, ubicada en La Alquería.
- Uso irregular de tierras: Señaló que este escenario podría facilitar la utilización de predios en territorio colombiano con fines de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
Finalmente, Cepeda instó a los parlamentarios estadounidenses a dar continuidad a un documento previo enviado el 17 de junio, incorporando estos antecedentes y sus respectivos anexos para las acciones pertinentes ante los estrados judiciales de ese país.
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