El Ejército de Liberación Nacional (ELN) asumió formalmente la autoría de la retención de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Ejército Nacional. La captura de la uniformada ocurrió el miércoles 4 de noviembre en la zona urbana del municipio de Saravena, Arauca, hecho ratificado por la organización armada el jueves 5 de noviembre de 2026.
La captura de la oficial y las amenazas insurgentes
Mediante un comunicado público, un delegado del grupo guerrillero detalló que comandos del Frente de Guerra Oriental interceptaron a la militar mientras realizaban controles territoriales en Saravena. En la misma declaración, la guerrilla advirtió que cualquier despliegue de las Fuerzas Militares enfocado en un rescate pondrá en riesgo la vida de la uniformada, responsabilizando a la fuerza pública de los desenlaces que puedan suscitarse y supeditando el trato a la subteniente a la evolución de las confrontaciones bélicas en la región.
Pantoja Hernández, vinculada orgánicamente al Grupo de Caballería Mediano Número 18, desempeñaba funciones de inteligencia militar. Al momento del rapto, la oficial vestía prendas de civil y adelantaba tareas asignadas por el mando institucional en el casco urbano.
Estructura responsable y despliegue en frontera
Los análisis preliminares de inteligencia militar sitúan a la oficial en manos del Frente Domingo Laín Sáenz, facción adscrita al Frente de Guerra Oriental. Dicha célula cuenta con una fuerza estimada superior a 530 combatientes, lo que la consolida como uno de los componentes de mayor despliegue operativo en ese sector.
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Exigencias y alertas de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo demandó la entrega inmediata y sin condicionamientos de la uniformada, expresando su respaldo a los parientes de la subteniente y a la institución militar. Asimismo, reiteró su total disposición para intervenir en canales humanitarios orientados a lograr su regreso.
El organismo recordó la vigencia de una alerta temprana emitida en octubre de 2025 para el departamento de Arauca y la localidad boyacense de Cubará, documento en el cual se anticipó un incremento de los choques armados entre la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc, además del agravamiento en las vulneraciones a los derechos de los habitantes locales.
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