El Consejo de Estado ha entrado en la etapa decisiva para definir la legalidad del aumento del 23% aplicado al salario mínimo para el año 2026, establecido mediante el Decreto 1469 de 2025. La Sección Segunda del alto tribunal ha concluido la fase probatoria y ha consolidado en un único proceso las múltiples demandas presentadas tanto por gremios de la producción como por particulares.

La acumulación de los expedientes y la orden de una sentencia anticipada implican que el tribunal avanzará directamente hacia un fallo, sin requerir la recaudación de nuevas pruebas. Es importante señalar que, hasta la fecha, el incremento del salario mínimo y el auxilio de transporte siguen plenamente vigentes en el país, ya que el proceso judicial no ha implicado una suspensión anticipada de la normativa.

Claves del debate jurídico sobre el incremento salarial

El núcleo del litigio se centra en establecer si el Gobierno Nacional acató los parámetros técnicos obligatorios dispuestos en la Ley 278 de 1996 al decretar el alza de manera unilateral. Esta decisión gubernamental se produjo luego de que no se alcanzara un consenso en la mesa de concertación salarial entre trabajadores, empresarios y el Ejecutivo.

Los magistrados deberán responder a once interrogantes cruciales relacionados con la ponderación de diversos factores económicos, incluyendo:

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  • La inflación.
  • La productividad.
  • El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
  • La capacidad de pago del sector empresarial.

Análisis del ‘salario vital’ de la OIT y auxilio de transporte

Un elemento central bajo escrutinio judicial es la aplicación del concepto de ‘salario vital’ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como fundamento para el aumento. El alto tribunal deberá determinar si este criterio internacional fue utilizado de manera válida para sustentar la decisión o si, por el contrario, desplazó indebidamente las variables socioeconómicas que la legislación colombiana contempla para la fijación del salario mínimo. De acuerdo con una de las fuentes, al priorizar estos estudios sobre la norma local, existe un “riesgo de sustituir o excluir de facto los parámetros expresamente previstos por el legislador”, lo que podría constituir una “desviación de poder”.

De igual forma, la revisión de la legalidad abarcará el auxilio de transporte, cuyo monto fue fijado en $249.095 para 2026.

Próximos pasos hacia la decisión final

Con la etapa probatoria concluida, las partes involucradas en el proceso judicial disponen de un plazo de diez días para presentar sus alegatos finales. Posteriormente, el Ministerio Público emitirá su concepto institucional, un paso previo a la expedición del fallo definitivo por parte del Consejo de Estado. Se estima que una decisión podría conocerse incluso este mismo mes.

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