La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una advertencia al Congreso de la República sobre las consecuencias de un posible recorte presupuestal de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La entidad ha solicitado al legislativo mantener la asignación original de $821.803 millones, propuesta inicialmente por el Gobierno Nacional, ante la inminencia del segundo debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación.
Impacto del ajuste presupuestal
Según la JEP, la cifra ya contemplaba un déficit de $125.839 millones respecto a los $947.642 millones que la Jurisdicción había solicitado. Sin embargo, la situación se ha agravado tras la aprobación en primer debate por las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, que introdujo una reducción adicional de $170.000 millones.
Este recorte se desglosa en:
- $140.000 millones menos para inversión.
- $30.000 millones menos para funcionamiento.
De concretarse, el presupuesto de la JEP para 2027 se establecería en $651.803 millones. Esta cantidad representa $129.667 millones menos en comparación con el presupuesto vigente para el año 2026, lo que generaría un retroceso en la capacidad operativa de la entidad.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Consecuencias para víctimas y comparecientes
La JEP ha enfatizado que esta disminución presupuestal tendrá efectos perjudiciales directos en la atención a las víctimas y en las garantías para los comparecientes, en un momento que considera crucial para su labor. La Jurisdicción se encuentra en una fase avanzada de cierre de investigaciones de los 11 macrocasos y de las distintas etapas de juicio.
Entre los principales impactos señalados se encuentran:
- Afectación a la realización de audiencias y diligencias judiciales en los territorios afectados por el conflicto armado.
- Compromiso en la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas.
- Riesgo para las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública que se encuentran sometidos a la JEP.
Medidas de austeridad y compromiso institucional
La entidad ha afirmado que ha implementado acciones para reducir sus gastos y optimizar el uso de los recursos públicos. Entre estas medidas se incluyen el uso de medios virtuales para diligencias específicas, la planificación anticipada de audiencias, ajustes en la logística operativa y la ejecución de un plan institucional de ahorros.
Adicionalmente, la JEP ha ratificado su compromiso con la austeridad y ha anunciado la implementación de un nuevo plan con metas más exigentes. El objetivo es reducir costos y tiempos de operación sin menoscabar las garantías de participación de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes.
La Jurisdicción ha aclarado que su petición al Congreso no busca una expansión de su mandato ni la obtención de recursos adicionales a los que el Gobierno había planteado inicialmente. Asimismo, ha recordado que no ha propuesto la ampliación de su periodo de vigencia, establecido constitucionalmente en 15 años y programado hasta 2033. La JEP se ha comprometido a continuar rindiendo cuentas sobre la gestión de los recursos públicos y a trabajar en la garantía de los derechos a la verdad y la justicia para las víctimas.
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