El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una política integral cuyo objetivo es recuperar el control del sistema penitenciario y desarticular las redes de crimen organizado que operan desde el interior de los centros de reclusión. Esta iniciativa busca transformar las cárceles de manera que dejen de ser focos de actividad delictiva.

Acciones clave bajo directriz presidencial

La estrategia, impulsada por una directriz presidencial y liderada por el Ministerio de Justicia, se articula en varios frentes de acción:

Traslados estratégicos y reducción del delito

Una de las medidas implementadas ha sido la reubicación de reclusos considerados clave, con el fin de cortar los lazos delincuenciales desde los penales. Se han realizado traslados significativos, como el de 111 reclusos en Itagüí y cerca de 50 en Barranquilla. En esta última ciudad, la reubicación se ha asociado a una disminución de aproximadamente el 63% en la incidencia de delitos relacionados con la actividad carcelaria.

Fortalecimiento del control y la resocialización

La política incluye un robustecimiento de los mecanismos de control interno y programas enfocados en la resocialización. Entre estas acciones se destacan:

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  • Implementación de bloqueo tecnológico para llamadas en los centros penitenciarios.
  • Rastreo financiero para detectar y desmantelar flujos de dinero ilícito.
  • Fomento de cárceles productivas que promuevan el trabajo y busquen reducir la reincidencia delictiva.

Proyecto de sometimiento judicial

Un pilar fundamental de la estrategia es el desarrollo de un proyecto de sometimiento judicial. Este proceso se concibe bajo un estricto marco legal, sin otorgar estatus político ni beneficios automáticos a los involucrados. Su aplicación exige la entrega total de armamento y bienes adquiridos ilícitamente, priorizando la reparación y los derechos de las víctimas.

Innovación en infraestructura penitenciaria

El Gobierno también está evaluando soluciones en materia de infraestructura para modernizar y asegurar el sistema carcelario. Las iniciativas en estudio incluyen:

  • Evaluación de modelos de cárceles público-privadas.
  • Desarrollo de un pabellón piloto de máxima seguridad en Girón.
  • Análisis de la viabilidad de un buque cárcel diseñado para el aislamiento de reclusos.

Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso con el restablecimiento de la autoridad y la legalidad en todo el sistema penitenciario del país.

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