El Consejo Superior de Política Criminal otorgó su visto bueno al articulado gubernamental enfocado en el sometimiento y acogimiento judicial de organizaciones armadas delictivas, iniciativa que busca complementar las acciones de seguridad de la administración central.
Límites a la negociación y condiciones jurídicas
La propuesta legislativa introduce modificaciones frente al enfoque de Paz Total impulsado por la administración de Gustavo Petro. El texto excluye cualquier diálogo con estatus político para miembros de redes criminales, restringiendo el proceso a un esquema estrictamente jurídico ante los tribunales.
Para acceder a rebajas o beneficios penales, los integrantes de estas organizaciones deberán certificar acciones obligatorias:
- Labores de desminado en los territorios.
- Cesión efectiva de bienes materiales.
- Cumplimiento de compromisos orientados a la reparación de las víctimas.
Posición institucional y reparos técnicos
El organismo consultor cuenta con delegados de los ministerios de Justicia y Educación, el DNP, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Justicia Penal Militar y miembros del Congreso. Durante la votación de este comité, la única postura contraria provino de la delegada del Pacto Histórico.
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Calendario legislativo en Senado y Cámara
Tras superar su primera discusión en las comisiones primeras conjuntas del Congreso, el trámite continuará en las plenarias de ambas cámaras legislativas. El Congreso dispone hasta el 4 de noviembre para sancionar la ley, día en el cual expira la vigencia de la prórroga de la Ley 418 de 1997, también denominada Ley de Orden Público.
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