Procuraduría indaga a José María Alvarado por millonario contrato en Nariño

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra José María Alvarado, quien fuera secretario de Infraestructura durante la administración del exgobernador de Nariño, Jhon Rojas. El objeto de la investigación son presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de un convenio interadministrativo valorado en 78.000 millones de pesos, destinado al mantenimiento de la red vial terciaria departamental.

Este proceso se centra en el convenio 0064 de 2021, suscrito entre la Gobernación de Nariño y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), hoy denominado Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter). La autoridad disciplinaria busca determinar si Alvarado y otros funcionarios habrían omitido sus deberes de vigilancia y control, permitiendo posibles deficiencias en la materialización de las obras y en la gestión de los recursos públicos.

Detalles de la Indagación de la Procuraduría

La indagación surge a raíz de que la Gobernación de Nariño, bajo la administración de Jhon Rojas, suscribió el mencionado convenio con Fonade. El objetivo era el mantenimiento de la red vial terciaria, una infraestructura crítica para la conectividad y el desarrollo económico de la región. No obstante, las primeras alertas señalaron presuntas fallas en la supervisión del contrato, que ascendería a la cuantiosa suma de 78.000 millones de pesos.

La Procuraduría General ha especificado que la investigación busca esclarecer varios puntos clave:

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Establecer si existieron falencias en el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, como la transparencia, la selección objetiva y la economía.
Determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios implicados en la fase precontractual, contractual y postcontractual del convenio.
Evaluar si se realizaron los controles y la supervisión necesarios para asegurar la correcta ejecución de las obras y el buen uso de los fondos públicos.
Identificar si se presentaron omisiones o acciones que pudieran haber derivado en detrimento patrimonial para el departamento.

En el marco de la investigación, el órgano de control ha solicitado una serie de pruebas documentales y testimoniales. Entre ellas, se incluyen los estudios previos del contrato, los informes de supervisión e interventoría, los registros de desembolsos y la documentación relacionada con la ejecución física de los proyectos viales. La finalidad es reconstruir el cronograma de actividades y evaluar el impacto real de las inversiones.

Contexto Regional: La Red Vial de Nariño

Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia, es un departamento que históricamente ha enfrentado desafíos significativos en materia de infraestructura vial, especialmente en su red terciaria. Esta red es fundamental para la conectividad de comunidades rurales, el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos. Su deterioro impacta directamente en la economía local y la calidad de vida de sus habitantes. Las vías terciarias en Nariño son a menudo objeto de controversia debido a las difíciles condiciones geográficas, que incluyen zonas montañosas y lluviosas, lo que encarece y dificulta su mantenimiento. Además, la presencia de grupos armados ilegales en algunas áreas ha complicado la intervención estatal, generando un caldo de cultivo para posibles irregularidades en la ejecución de proyectos. La inversión en estas vías es, por tanto, una necesidad imperante y un punto sensible en la gestión de los recursos públicos departamentales.

Implicaciones Políticas y Administrativas

José María Alvarado, al desempeñarse como secretario de Infraestructura, era una figura clave en la administración de Jhon Rojas. La indagación de la Procuraduría pone en tela de juicio la gestión de uno de los departamentos con mayor potencial agrícola y turístico de Colombia, pero también con significativas necesidades de inversión social y de infraestructura. La apertura de este tipo de investigaciones es un procedimiento habitual cuando existen indicios de posibles anomalías y no implica una declaración de culpabilidad. Sin embargo, sí genera un escrutinio público sobre la transparencia y la probidad en el manejo de los fondos del Estado.

La Gobernación de Nariño y Findeter deberán cooperar con las autoridades para proporcionar toda la información relevante. La Procuraduría se ha comprometido a realizar una investigación exhaustiva para determinar si hubo responsabilidades disciplinarias y, en caso afirmativo, imponer las sanciones correspondientes. Este caso subraya la importancia de la supervisión rigurosa de los contratos estatales, especialmente aquellos que involucran sumas considerables y que están dirigidos a mejorar la infraestructura vital para el desarrollo regional.

Próximos Pasos en la Investigación

El proceso de indagación preliminar es la fase inicial de la actuación disciplinaria. Durante este periodo, la Procuraduría recopila pruebas que le permitirán decidir si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal o archivar el expediente. Si se determina la necesidad de una investigación formal, se vincularán a todos los funcionarios o exfuncionarios presuntamente involucrados y se les garantizará el derecho a la defensa. La magnitud del contrato y la relevancia de la infraestructura vial para Nariño aseguran que este caso seguirá siendo objeto de atención por parte de la opinión pública y los entes de control.