Juez envía a prisión a alias Calarcá por crímenes atroces en cinco departamentos

Bogotá, D.C. – Un juez de control de garantías ordenó la detención en establecimiento carcelario de Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias de Calarcá, máximo cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC. La medida se impuso tras la imputación de una serie de delitos graves que incluyen homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz, desaparición forzada, tortura y reclutamiento ilícito de una menor de edad, entre otros cargos.

La decisión judicial se produce luego de una investigación exhaustiva por parte de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, que vincula a alias Calarcá con acciones criminales perpetradas en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima. Estos hechos demuestran la expansión y la brutalidad de las estructuras armadas ilegales en diversas regiones del país.

Detalles de los crímenes imputados a alias Calarcá

La Fiscalía imputó a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, como persona ausente, los siguientes delitos:

Concierto para delinquir agravado.
Homicidio en persona protegida.
Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado.
Fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.
Secuestro simple.
Desaparición forzada agravada.
Tortura en persona protegida.
Reclutamiento ilícito de menor de edad.

Estos cargos reflejan la diversidad y la gravedad de las acciones atribuidas al cabecilla disidente, quien, según la investigación, asumió el liderazgo del Bloque Jorge Suárez Briceño en junio de 2022. Desde entonces, habría coordinado frentes armados, redes de apoyo y estructuras financieras en la zona de influencia de su grupo.

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Responsabilidad en homicidios de firmantes de paz y masacres

Uno de los aspectos más críticos de la imputación a alias Calarcá es su presunta responsabilidad en el asesinato de seis firmantes del Acuerdo de Paz. Estos crímenes habrían ocurrido entre 2023 y 2025, evidenciando una sistemática persecución contra aquellos que se comprometieron con el proceso de reincorporación.

Adicionalmente, la Fiscalía lo vincula con tres homicidios colectivos registrados en Guaviare entre enero de 2025 y enero de 2026. Estos hechos, atribuidos a la disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas, resultaron en el asesinato de 54 personas, incluyendo 11 menores de edad y siete uniformados del Ejército Nacional. Las masacres tuvieron lugar en zonas rurales de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno, exacerbando la crisis humanitaria en el departamento.

Casos de desaparición forzada y reclutamiento de menores

Entre los expedientes, se destaca el caso de un comerciante desaparecido el 17 de noviembre de 2023 en Castillo, Meta. La evidencia recolectada sugiere que la víctima fue retenida por miembros de la organización, sometida a tortura para obtener información y, posteriormente, desaparecida. Su paradero sigue siendo desconocido.

Otro grave suceso investigado es el reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años, ocurrido el 20 de junio de 2023 en Garzón, Huila. La menor fue presuntamente incorporada al grupo armado, entrenada en el manejo de armas y utilizada en acciones militares hasta marzo de 2026, fecha en la que logró escapar de la estructura criminal. Este delito subraya la violación de derechos humanos de la población civil, especialmente de los más vulnerables.

Contexto del conflicto en el suroccidente y suroriente colombiano

La judicialización de alias Calarcá se inscribe en un complejo escenario de reconfiguración del conflicto armado en Colombia, especialmente en regiones como el Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima, que han sido históricamente golpeadas por la violencia. Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, varios grupos disidentes, como el Bloque Jorge Suárez Briceño, emergieron y consolidaron su poder, aprovechando la debilidad institucional y la presencia de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Estos grupos no solo heredaron parte de la estructura y experiencia de las antiguas FARC, sino que también implementaron nuevas estrategias para el control territorial y social. La disputa por corredores estratégicos para el narcotráfico y la extorsión de comunidades ha generado una escalada de violencia que afecta directamente a la población civil, a líderes sociales, defensores de derechos humanos y, de manera trágica, a los firmantes de paz que buscan construir un futuro alejado de las armas. La persistencia del reclutamiento de menores es una señal alarmante de la brutalidad con la que operan estas estructuras, perpetuando ciclos de violencia y desarraigo.

Acciones de la Fiscalía y el Estado

Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada, ha reiterado el compromiso de la Fiscalía en perseguir a los responsables de estos crímenes. La judicialización de alias Calarcá, incluso en su ausencia, envía un mensaje de la continuidad de las acciones del Estado para combatir las organizaciones criminales que afectan la seguridad y la convivencia en el territorio nacional.

La investigación continúa abierta para determinar la plena responsabilidad de alias Calarcá y otros miembros de su estructura en los múltiples delitos que han asolado estas regiones, con el objetivo de asegurar justicia para las víctimas.