El panorama del bienestar animal en Colombia podría experimentar una transformación significativa con la propuesta de la ‘Ley Huellitas’. Este proyecto legislativo, liderado por la representante a la Cámara por Risaralda, Franyela Bermúdez Serna, en colaboración con la senadora María Irma Noreña, busca establecer una red nacional de hospitales veterinarios públicos. Su objetivo central es asegurar un acceso equitativo y oportuno a servicios médicos para perros y gatos de familias en situación de vulnerabilidad económica.

La necesidad de una red pública veterinaria en Colombia

La iniciativa surge de una realidad demográfica y socioeconómica palpable: aproximadamente el 67% de los hogares colombianos, lo que equivale a unos 4.4 millones de familias, convive con al menos un animal de compañía. A pesar de esta alta tenencia, Colombia carece de una infraestructura pública que garantice servicios veterinarios esenciales, dejando a muchas familias de escasos recursos sin la capacidad de costear la atención necesaria para sus mascotas.

La representante Bermúdez Serna ha enfatizado que «cuidar a nuestros peluditos también es cuidar a nuestras familias», subrayando el vínculo emocional y social que estos animales representan. La propuesta aspira a que la falta de dinero no sea un impedimento que derive en el abandono o el sufrimiento animal, otorgando al Estado un rol activo en el respaldo de estas familias.

Un contexto de inequidad y bienestar animal

La situación actual en Colombia, particularmente en regiones con altos índices de desigualdad como el suroccidente del país, el Valle del Cauca o Nariño, presenta un desafío doble. Por un lado, la tenencia de animales de compañía es un fenómeno extendido en todos los estratos socioeconómicos. Por otro, el acceso a servicios básicos como la salud animal está fuertemente condicionado por la capacidad adquisitiva. En ciudades como Cali, por ejemplo, donde conviven zonas de alta prosperidad con vastos cinturones de miseria, el contraste en la calidad de vida de los animales es notorio.

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Históricamente, la protección y el bienestar animal en Colombia han dependido en gran medida de iniciativas privadas, fundaciones y el voluntariado. Si bien el marco legal ha avanzado, con leyes como la Ley 1774 de 2016 que considera a los animales como seres sintientes, la implementación de políticas públicas que garanticen su atención médica ha sido limitada. La «Ley Huellitas» representa un intento de corregir esta brecha, reconociendo la salud animal como un componente de la salud pública y el bienestar social.

Beneficiarios y servicios propuestos por la ley

El proyecto de ley está diseñado para beneficiar específicamente a los hogares clasificados en los grupos A y B del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Estos grupos corresponden a las poblaciones más vulnerables del país, que son propietarias o cuidadoras de perros y gatos.

La red de hospitales veterinarios públicos garantizaría, como mínimo, una serie de procedimientos esenciales:

  • Atención médica veterinaria general.
  • Consultas y diagnósticos básicos.
  • Vacunación esencial.
  • Desparasitación.
  • Esterilización y castración.
  • Atención de urgencias primarias.

Además de estos servicios fundamentales, la propuesta contempla que, dependiendo de las capacidades y recursos disponibles en cada territorio, los hospitales podrían ofrecer prestaciones adicionales. Estos servicios complementarios podrían incluir desde cirugías más complejas hasta terapias de rehabilitación o programas de educación sobre tenencia responsable.

El impacto social y económico de la iniciativa

La implementación de la ‘Ley Huellitas’ tendría repercusiones positivas que trascienden el ámbito animal. Al reducir el abandono de mascotas por incapacidad económica de sus dueños para atenderlos, se disminuiría la población de animales callejeros, un problema de salud pública y seguridad en muchas ciudades colombianas. Asimismo, al garantizar la salud de los animales de compañía, se fomenta un ambiente más sano en los hogares y comunidades, mitigando la propagación de zoonosis y mejorando la calidad de vida de las familias.

La representante Bermúdez Serna busca, con esta iniciativa, consolidar un modelo de atención veterinaria pública robusto, que refleje un compromiso estatal con el bienestar animal y que, en última instancia, fortalezca el tejido social al apoyar a las familias más desfavorecidas en el cuidado de sus miembros más peludos.

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