Contraloría Alerta Riesgos Financieros en Nuevo Modelo de Pasaportes

La Contraloría General de la República ha emitido una contundente advertencia sobre el nuevo esquema de producción y personalización de pasaportes en Colombia, implementado por el gobierno de Gustavo Petro. Contrariando las afirmaciones de la Cancillería sobre la ausencia de riesgos, el ente de control ha detallado una serie de preocupaciones que apuntan a posibles afectaciones en la viabilidad financiera de la Imprenta Nacional, la continuidad del servicio esencial para los ciudadanos y el manejo de los recursos públicos.

La Alerta de la Contraloría sobre el Convenio con Portugal

La principal preocupación de la Contraloría radica en el convenio interadministrativo internacional suscrito a mediados de 2025 entre la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la Casa da Moeda de Portugal (INCM). Este acuerdo, que contempla un periodo de diez años, establece la compra de al menos 1.5 millones de libretas anuales a un costo de 17 euros cada una, proyectando un negocio total cercano a los 1.3 billones de pesos colombianos (aproximadamente 225 millones de euros).

El contralor delegado Héctor Mario Londoño fue explícito al señalar que este nuevo modelo no vislumbra réditos financieros ni comerciales para la Imprenta Nacional, entidad que ya venía registrando resultados negativos en los últimos dos años. La institución colombiana se vería obligada a vender los documentos al Fondo Rotatorio de la Cancillería prácticamente al costo, asumiendo, no obstante, los riesgos inherentes a la producción.

Puntos Críticos en la Implementación del Modelo

La auditoría de la Contraloría ha puesto de manifiesto varias deficiencias y riesgos:

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Riesgo para la Imprenta Nacional: La viabilidad y continuidad de esta empresa industrial y comercial del Estado se encuentran comprometidas, dado que el negocio de los pasaportes, siendo el más importante, no generaría utilidades claras.
Pagos en Euros y Cobertura Cambiaria: Se advierte sobre la exposición a pagos en euros sin una adecuada cobertura cambiaria, lo que podría generar sobrecostos significativos ante la volatilidad del tipo de cambio.
Sobrecostos Operativos y Garantía: Existe la posibilidad de sobrecostos operativos no contemplados y el riesgo de ejecutar una garantía de 6.3 millones de euros, lo que impactaría directamente los recursos públicos.
Retrasos y Faltas de Planeación: La Contraloría desmintió a la Cancillería, indicando retrasos, cambios en el cronograma y una falta de claridad en los costos reales del proyecto.
Transferencia Tecnológica Condicionada: La supuesta «donación» de equipos y soporte técnico como parte de la transferencia tecnológica estaría condicionada a compras mínimas de libretas durante la década de duración del convenio.
Variaciones de Costos: Se cuestionan las variaciones de costos introducidas en un corto periodo, lo que podría afectar las proyecciones financieras y la fiabilidad del esquema.

Contexto Político y Administrativo: Un Debate Nacional

La emisión de pasaportes en Colombia ha sido un tema recurrente de controversia y escrutinio público, especialmente en los últimos años. La decisión del gobierno de Gustavo Petro de cambiar el modelo, buscando una mayor autonomía y posiblemente una reducción de costos a largo plazo, se enmarca en un escenario de reformas administrativas y de contratos estatales que han generado amplios debates. El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de la entonces canciller Rosa Villavicencio, impulsó este nuevo esquema, argumentando beneficios para el país.

Sin embargo, las alertas de la Contraloría, un organismo de control con la misión de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado, introducen una nota de cautela. La independencia de la Contraloría frente al poder ejecutivo es crucial en el sistema democrático colombiano para garantizar la transparencia y la probidad en el uso de los recursos públicos. Las advertencias de este organismo no son meras observaciones; constituyen una señal de que las decisiones tomadas podrían tener consecuencias fiscales adversas y afectar la prestación de un servicio esencial para millones de ciudadanos colombianos, tanto dentro como fuera del país.

Este episodio se suma a la constante tensión entre el gobierno y los entes de control en Colombia, un reflejo de la compleja dinámica de pesos y contrapesos que caracteriza la administración pública. La ciudadanía, a través de los medios, espera que estas alertas sean atendidas con seriedad y que se adopten las medidas correctivas necesarias para salvaguardar la estabilidad financiera de las entidades estatales y asegurar la continuidad y eficiencia de servicios tan fundamentales como la expedición de pasaportes.

Implicaciones para el Servicio y los Ciudadanos

La principal preocupación, según la Contraloría, es que los riesgos financieros y operativos identificados puedan desembocar en traumatismos en la expedición de pasaportes. Esto implicaría demoras, complicaciones y posibles interrupciones en un servicio que es vital para la movilidad internacional de los colombianos. La garantía de un servicio eficiente, continuo y transparente es un derecho ciudadano y una obligación estatal.

La Contraloría ha instado al gobierno a adoptar medidas verificables que aseguren la solidez del nuevo esquema. Este llamado subraya la necesidad de una gestión pública más robusta en el manejo de contratos internacionales y la planificación de servicios críticos. El debate sobre el futuro del modelo de pasaportes en Colombia y sus implicaciones para las finanzas estatales y los ciudadanos permanece abierto.