Al Estilo Trump! De la Espriella Ordena Redadas Migratorias en Barranquilla: Críticas a la Nueva Política

Barranquilla, Colombia – En una decisión que marca un giro significativo en la política migratoria colombiana, el presidente Abelardo De la Espriella ha ordenado el inicio de operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía Nacional en Barranquilla. El objetivo declarado es actuar contra «inmigrantes ilegales», priorizando a quienes cometan delitos y, posteriormente, a aquellos sin situación migratoria regularizada en el país.

Este anuncio, realizado a menos de veinte días de asumir su mandato, ha generado una ola de críticas y preocupación entre expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes ven en la medida un alejamiento de la política de acogida y regularización que Colombia había sostenido durante casi una década.

Cambio de rumbo: ¿Fin a una política migratoria de consenso?

La postura del presidente De la Espriella rompe con el consenso que, desde 2015, mantuvieron los últimos tres gobiernos colombianos (de diversas orientaciones políticas) frente al masivo éxodo venezolano. Colombia había sido ampliamente reconocida a nivel internacional por su arquitectura jurídica de regularización, un modelo que buscaba integrar a la población migrante en la sociedad y la economía.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y profesor de la Universidad de La Sabana, calificó la decisión como una «mala señal». Según Rodríguez, el uso del término «ilegales» para referirse a los migrantes no es un error casual, sino una posición deliberada que alinea a Colombia con discursos antiinmigrantes observados en gobiernos de ultraderecha en la región.

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Impacto y preocupación por la terminología

La distinción entre «irregular» e «ilegal» es fundamental. Expertos subrayan que, si bien una persona puede estar en situación migratoria irregular, ningún ser humano es «ilegal». La asociación directa de la irregularidad migratoria con la criminalidad ha sido fuertemente cuestionada, ya que la evidencia no respalda esta correlación y reactiva estigmas que Colombia había logrado mitigar en gran medida.

Rodríguez advierte que el discurso oficial puede generar dinámicas de xenofobia, recordando episodios anteriores en los que figuras públicas han hecho declaraciones similares con consecuencias negativas para la convivencia. La criminalización del migrante irregular, más allá de la realidad jurídica, socava los esfuerzos de integración y promueve la discriminación.

La dimensión de la población migrante en Colombia

Según datos de Migración Colombia, del total de 2,8 millones de venezolanos que residen en el país, aproximadamente 848.000 se encuentran en situación irregular. De este grupo, 193.000 son menores de edad, una cifra que, según el experto, supera la población total de ciudades como Bucaramanga. Muchos de estos migrantes estaban a la espera de nuevos mecanismos o la continuación de los existentes para regularizar su estatus.

Aunque el presidente De la Espriella no mencionó explícitamente a Venezuela, esta comunidad representa cerca del 90% del total de la población migrante en Colombia, convirtiéndose en el principal destinatario de las nuevas medidas. La implementación de operativos masivos podría tener un impacto desproporcionado en esta población vulnerable.

Contexto y contribución económica de la migración venezolana

Colombia, con una frontera activa de 2.219 kilómetros con Venezuela, mantiene una relación diplomática compleja con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto hace que las «fórmulas de deportación masiva» aplicadas en otros países de la región, como Argentina o Chile, sean de difícil implementación y puedan generar tensiones adicionales. Además, una parte significativa de la población migrante venezolana es víctima de estructuras ilegales en la frontera, más que su origen.

Más allá de las cifras humanitarias, la población venezolana ha demostrado ser un motor importante para la economía colombiana. Según estimaciones, aportan aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales a través del consumo, el pago de impuestos y el emprendimiento. Operativos masivos y políticas restrictivas ponen en riesgo esta contribución económica, además de generar inestabilidad social.

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), impulsado por el gobierno anterior, fue un avance fundamental para la identificación plena y la integración de esta población. Rodríguez señala que una de las tareas pendientes de este gobierno es, precisamente, continuar el proceso de regularización de los cerca de 848.000 venezolanos que aún se encuentran en situación irregular, así como trabajar en su transición hacia un estatus migratorio permanente.

Riesgos de la nueva política

La decisión de De la Espriella plantea varios desafíos y riesgos:

Aumento de la xenofobia: El discurso que asocia irregularidad con criminalidad puede fomentar actitudes discriminatorias.
Impacto humanitario: Cientos de miles de personas, incluyendo menores de edad, podrían quedar en mayor vulnerabilidad.
Inestabilidad económica: Se pone en riesgo una contribución económica anual significativa al PIB colombiano.
Desafíos logísticos y diplomáticos: La implementación de deportaciones masivas en la compleja frontera con Venezuela presenta grandes obstáculos.
Inversión en seguridad vs. integración: El enfoque en operativos punitivos podría desviar recursos y esfuerzos de estrategias de integración más efectivas y a largo plazo.

A la fecha, el gobierno no ha detallado cómo se ejecutarán estos operativos, pero la orden presidencial ya ha generado un intenso debate sobre el futuro de la política migratoria colombiana y sus implicaciones humanitarias, sociales y económicas.