El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha radicado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa que busca desmantelar la carga burocrática que enfrentan empresas y emprendedores en Colombia. La propuesta, presentada en el Senado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, tiene como objetivo principal reducir trámites, costos y tiempos asociados a la creación, formalización y operación de empresas, así como a la ejecución de inversiones en el país.
Objetivo Central: Destrabar la Inversión y Agilizar Procesos
La esencia del proyecto radica en la premisa de que el Estado no debe exigir repetidamente información que ya posee. Esta medida apunta a eliminar la duplicidad de documentos y la fragmentación de procesos que históricamente han ralentizado la actividad económica y desincentivado la inversión. El ministro Gómez Amín enfatizó la necesidad de que el Estado controle lo esencial, pero sin convertir el emprendimiento en una «carrera de obstáculos».
Un foco particular de esta legislación son las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), un sector vital para la economía nacional que a menudo carece de la capacidad financiera y logística para afrontar la complejidad y los costos de la tramitología actual. La iniciativa busca crear un entorno más propicio para su desarrollo y crecimiento.
Medidas Clave para la Simplificación Administrativa
El Proyecto de Ley de Competitividad integra varias propuestas diseñadas para modernizar y optimizar la interacción entre el sector privado y las entidades públicas. Entre las más destacadas se encuentran:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →- Expediente Único Empresarial Digital: Una herramienta centralizada que permitirá a las entidades públicas compartir información, eliminando la necesidad de que empresarios y ciudadanos entreguen los mismos documentos varias veces. Se busca fortalecer la Ventanilla Única Empresarial (VUE) para mejorar la coordinación interinstitucional.
- Eliminación de Cobros Específicos: Se propone suprimir el cobro por el concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para las microempresas, un alivio directo a uno de los costos de formalización y operación.
- Agilización de Proyectos de Construcción: Para el sector de la construcción y el urbanismo, la iniciativa plantea un requerimiento único e integral. Esto evitará que las autoridades soliciten información de manera fragmentada en distintas etapas, reduciendo la incertidumbre y los tiempos. Se establece un plazo de 15 días hábiles para la expedición de certificados urbanísticos vinculantes.
- Fortalecimiento del Comercio Exterior: La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) será potenciada para mejorar la coordinación entre las entidades involucradas y evitar la repetición de documentos y controles en las operaciones de comercio internacional.
El Gobierno ha sido claro en que estas medidas no implican una laxitud en los controles relacionados con salud, seguridad, ambiente y protección de terceros. En cambio, buscan una transformación en la forma en que estos controles se realizan: de manera digital, coordinada y proporcional al nivel de riesgo, alejándose de un modelo puramente burocrático.
Contexto Político y Económico de la Iniciativa
Esta radicación se produce en un momento de particular sensibilidad económica y social para Colombia. La coyuntura actual está marcada por los esfuerzos del Gobierno por consolidar una agenda de reactivación económica y estabilidad fiscal, tras eventos como el terremoto del 10 de agosto de 2026, que generó serias afectaciones al sector empresarial, como señalan gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI). En este contexto, la simplificación regulatoria emerge como una estrategia clave para inyectar dinamismo, fomentar la creación de empleo y atraer capital. La propuesta, además, llega con mensaje de urgencia, lo que subraya la prioridad que el Ejecutivo le otorga a su aprobación en el Congreso.
La implementación de un marco legal que reduzca la «permisología» es crucial para mejorar el ambiente de negocios en el país, lo que puede traducirse en una mayor confianza para los inversionistas y una disminución de las barreras de entrada para nuevos emprendimientos. Este proyecto representa un paso significativo hacia una administración pública más eficiente y orientada a la facilitación del desarrollo económico.
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