Buenos Aires, Argentina – Desde que el ultraliberal Javier Milei asumió la presidencia de Argentina a finales de 2023, el país ha sido testigo del cierre de más de 30.000 empresas, una cifra que refleja el impacto de las políticas económicas implementadas. Esta reducción, que afecta principalmente al sector del comercio y diversas ramas industriales, sitúa el número total de unidades productivas en su nivel más bajo en casi veinte años, superando incluso los registros negativos de la pandemia de COVID-19.

Según un informe reciente del centro de pensamiento Fundar, con datos actualizados a mayo pasado, Argentina ha perdido 30.633 empresas, lo que representa una disminución del 6 % del total. Este dato es particularmente alarmante, ya que se consolida como la peor caída empresarial en los primeros treinta meses de cualquier gobierno en la historia reciente del país. Solo en mayo, 2.371 empresas cesaron operaciones, a un ritmo de 76 cierres diarios. Actualmente, el país cuenta con 481.724 empresas activas, un nivel que no se veía desde antes de 2021, año marcado por las restricciones sanitarias.

Impacto de las políticas económicas de Milei

Expertos atribuyen este fenómeno directamente a las políticas económicas de la actual administración. Hernán Bergstein, economista y profesor de la Universidad Nacional de Lanús, señaló a EFE que «el cierre de empresas es mucho mayor al de otros períodos. Son varios los motivos, pero todos vinculados con la política económica del actual Gobierno, que plantea un neoliberalismo de apertura económica indiscriminada».

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) corrobora la cifra de 30.633 empresas desaparecidas, destacando los sectores más afectados:

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  • Comercio: 8.408 unidades productivas.
  • Servicios de transporte y almacenamiento: 6.733 unidades.
  • Servicios inmobiliarios: 4.098 unidades.
  • Industria manufacturera: 4.020 unidades.

Competencia desleal y caída del consumo

Bergstein enfatiza que la «apertura indiscriminada de importaciones a bajo coste y de dudosa calidad» ha generado una «competencia desleal», especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales. Muchas de estas se ven forzadas a cerrar o luchar por su supervivencia. A esto se suma la drástica caída del poder adquisitivo de los salarios reales, producto de una inflación que, en julio pasado, alcanzó un 33,8 % interanual. Esta situación ha provocado una considerable reducción del consumo interno.

“En este escenario, las empresas reducen su producción hasta cerrar porque no tienen demanda. También hay menos empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado por la política fiscal de reducción del gasto público”, explicó Bergstein. El economista también describe un efecto dominó, o ‘transferencia’, donde las empresas con menos ingresos afectan a sus proveedores, que a su vez impactan a los suyos, generando una ruptura en la cadena de pagos que afecta a miles de pymes y sus trabajadores.

Destrucción de empleo y crisis del tejido productivo

El cierre masivo de empresas tiene una consecuencia directa y preocupante en el mercado laboral. Según datos del CEPA, la gestión de Milei ha resultado en la destrucción de 411.613 empleos formales, una media de 450 puestos de trabajo perdidos cada día. El sector manufacturero ha sido el más golpeado, con una reducción de 97.312 trabajadores hasta mayo pasado.

Frente a este escenario, el presidente Milei ha defendido su gestión, afirmando en una entrevista reciente que muchas de las empresas que cierran están compuestas por una sola persona, y que, a pesar de ello, «la cantidad de empleo subió» y el consumo se encuentra en niveles récord. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los datos presentados por diversos centros de análisis económico.

Incremento de concursos preventivos

Otro indicador de la grave crisis que atraviesa el tejido productivo argentino es el aumento en el número de concursos preventivos. Este proceso judicial, iniciado por empresas en cese de pagos para evitar la quiebra, ha escalado significativamente. Un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en 2025 se abrieron 190 concursos preventivos en los tribunales comerciales de Buenos Aires, un incremento del 131,7 % respecto a 2023. Entre febrero y abril de 2026, ya se han iniciado 92 procesos.

Daniel Rosato, presidente de IPA, expresó su preocupación: “Habíamos alertado de que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestran que el daño al entramado productivo es mucho peor”. La situación económica en Argentina sigue siendo un tema de constante análisis y debate, con implicaciones profundas para su estructura empresarial y social.

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