El recién posesionado presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha marcado una clara dirección en la política energética del país al anunciar, durante su discurso inaugural, el desarrollo de un «fracking sostenible» en diversas regiones. Esta decisión representa un cambio sustancial respecto a la administración anterior de Gustavo Petro, que impulsó activamente la prohibición de esta técnica extractiva.
La noticia, difundida inicialmente por la agencia EFE, sitúa la reactivación del fracking como un pilar fundamental en la agenda energética del nuevo gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética nacional y generar recursos económicos vitales. Este giro retoma una de las discusiones más controvertidas de la última década en Colombia, dividiendo opiniones entre el imperativo económico y la protección ambiental.
Cambio de rumbo tras la era Petro
La propuesta de De la Espriella contrasta directamente con la postura del gobierno de Gustavo Petro. Durante su mandato, Petro promovió una iniciativa legislativa para prohibir la técnica de fracturación hidráulica y la explotación de yacimientos no convencionales. Incluso en julio de 2026, el anterior ejecutivo reiteró su intención de presentar ante el Congreso un proyecto con ese fin, fundamentado en los riesgos asociados al agua, las comunidades locales y los ecosistemas. El argumento central de la administración Petro giraba en torno a la inviabilidad de un «fracking sostenible», priorizando la transición energética y la conservación de los recursos naturales.
La visión del presidente De la Espriella, en cambio, busca recuperar el potencial de los hidrocarburos no convencionales. Su equipo ha intentado mitigar las preocupaciones ambientales al proponer un «ABC ambiental», garantizando que la explotación no intervendrá páramos ni parques nacionales. Sin embargo, la calificación de la actividad como «sostenible» no ha logrado disipar las dudas de diversos sectores ambientalistas y jurídicos.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Contexto energético y reservas nacionales
El anuncio del presidente De la Espriella se enmarca en un contexto energético nacional que requiere atención. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia cerró el año 2025 con unas reservas probadas de petróleo que ascendían a 2.020 millones de barriles. Esto se traduce en una relación reservas/producción de aproximadamente 7,4 años, una cifra que subraya la necesidad de explorar nuevas fuentes o tecnologías para mantener la autosuficiencia energética a mediano y largo plazo.
Adicionalmente, el país posee más de 10,5 terapies cúbicos de recursos contingentes de gas, que la ANH considera con un potencial significativo para ampliar las reservas futuras. Es en este panorama donde la explotación de yacimientos no convencionales, mediante técnicas como el fracking, surge como una opción para algunos sectores, aunque genera profundas preocupaciones en otros.
El debate sobre el «fracking sostenible» en Colombia
La idea de un «fracking sostenible» es el eje del debate actual. Si bien el gobierno De la Espriella busca desmarcarse de las prácticas más controversiales de la fracturación hidráulica, los cuestionamientos persisten. La técnica ha sido objeto de fuertes polémicas por sus potenciales impactos sobre los recursos hídricos, la estabilidad geológica, los ecosistemas locales y la salud de las comunidades cercanas a las zonas de explotación.
En el suroccidente colombiano, por ejemplo, regiones como el Valle del Cauca y Cauca, históricamente dependientes de la agricultura y con una riqueza hídrica considerable, han sido escenarios de intensos debates sobre el impacto de la minería y otras actividades extractivas. La introducción de una técnica como el fracking, incluso bajo el calificativo de «sostenible», genera inquietudes sobre la posible afectación de cuencas hidrográficas y la sostenibilidad de sus sistemas productivos y ecosistemas. La región del Macizo Colombiano, fundamental para el abastecimiento de agua de gran parte del país, es particularmente sensible a cualquier actividad que pueda comprometer sus fuentes hídricas.
La gran incógnita que se cierne sobre el nuevo gobierno es la definición de las zonas que serán autorizadas para esta actividad, las condiciones ambientales y regulatorias específicas que se aplicarán, y los mecanismos de monitoreo y control. Demostrar la viabilidad de un «fracking sostenible» sin comprometer los recursos naturales y la calidad de vida de las poblaciones será el principal desafío para la administración de Abelardo de la Espriella. La sociedad civil y las organizaciones ambientalistas, que durante años se han opuesto a esta técnica, estarán atentas a cada paso que dé el nuevo gobierno en esta dirección.
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