La Defensoría del Pueblo ha emitido una contundente advertencia sobre el incremento alarmante del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados no estatales en Colombia. Según la entidad, la frecuencia de estos casos es de un menor cada tres días, una cifra que, aunque grave por sí misma, se considera una subestimación significativa de la realidad.

Esta problemática, que despoja a la niñez de su futuro y viola flagrantemente el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, ha sido el centro de atención durante la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, un recordatorio anual del compromiso de alejar a los menores de edad del conflicto armado.

Cifras que encienden las alarmas

Los datos presentados por la Defensoría del Pueblo revelan un panorama desolador. En el año 2024, se documentaron 651 casos de reclutamiento. Para 2025, la cifra registrada fue de 257 casos. Sin embargo, la propia Defensoría enfatiza que estos números no reflejan la magnitud completa del problema.

El alto subregistro se atribuye a varios factores críticos:

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  • El temor de las familias a denunciar los casos.
  • El control territorial ejercido por los grupos armados ilegales.
  • Las amenazas y la intimidación utilizadas para silenciar a las comunidades afectadas.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, subrayó la urgencia de esta situación: «Este día es el de las manos rojas, nos pintamos las manos de rojo y decimos las niñas, los niños: ¡no vamos a ir a la guerra!». Este llamado a la conciencia busca movilizar tanto a la sociedad como a las instituciones para proteger a los más vulnerables.

Un incremento preocupante en el último lustro

Los datos de UNICEF y Noticias ONU complementan la alerta de la Defensoría, indicando que el reclutamiento y uso de niños y niñas por grupos armados en Colombia se ha cuadruplicado en un periodo de cinco años. Este aumento exponencial es un indicador crítico del recrudecimiento del conflicto en ciertas regiones y de la expansión de las tácticas de los grupos armados para cooptar a la juventud.

Desde su creación en 2017, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría ha emitido 349 Alertas Tempranas, de las cuales 299 han advertido específicamente sobre riesgos de reclutamiento, uso y utilización de NNA. Esto demuestra la persistencia y evolución de esta amenaza en diversas zonas del país.

Contexto del conflicto en Colombia: más allá de las cifras

La problemática del reclutamiento forzado en Colombia no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de un conflicto armado multifacético que, a pesar de los acuerdos de paz con las FARC, persiste con la presencia de nuevos y antiguos actores armados. Regiones como el Valle del Cauca, Cauca (donde se ubica Popayán) y Nariño, en el suroccidente del país, son tristemente conocidas por ser epicentros de esta violencia.

Estos departamentos, caracterizados por una compleja geografía que facilita la movilidad de los grupos armados, la presencia de cultivos ilícitos y corredores estratégicos para el narcotráfico, se han convertido en escenarios propicios para que los menores sean blancos de reclutamiento. La ausencia o debilidad de la presencia estatal en zonas rurales, la pobreza extrema y la falta de oportunidades educativas y laborales, crean un caldo de cultivo ideal para que estos grupos ofrezcan, bajo engaño o coacción, una «alternativa» a los jóvenes.

La fragmentación de los grupos armados post-FARC, la reactivación de algunas estructuras y la consolidación de otros actores como el ELN y los grupos residuales (disidencias), han intensificado la disputa por el control territorial y las rentas ilícitas. En este contexto, los NNA son vistos como mano de obra barata, informantes o incluso combatientes, perpetuando un ciclo de violencia que afecta profundamente el tejido social de estas comunidades.

La actual administración del presidente Gustavo Petro ha intentado implementar una política de «Paz Total», buscando negociaciones con diversos grupos armados. Sin embargo, los resultados en la disminución del reclutamiento y la violencia contra menores aún no son tangibles, lo que subraya la complejidad y los desafíos inherentes a la construcción de una paz duradera en un país con heridas tan profundas.

Un llamado a la acción inmediata

La Defensoría del Pueblo y organizaciones internacionales como UNICEF urgen al cese inmediato de esta práctica criminal. La protección de la niñez colombiana requiere un esfuerzo coordinado de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional para desmantelar las redes de reclutamiento, fortalecer la presencia institucional en las zonas afectadas, garantizar el acceso a la educación y oportunidades para los jóvenes, y ofrecer rutas seguras de denuncia y protección para las víctimas y sus familias.

La niñez tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, a desarrollar su potencial y a construir un futuro en paz, lejos de las garras de la guerra.

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