Gobierno De la Espriella derogará Áreas de Protección de Alimentos de Petro

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha anunciado su intención de derogar las resoluciones que dieron origen a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una de las políticas de ordenamiento rural más significativas del gobierno saliente de Gustavo Petro. La instrucción, emitida al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, se ejecutará una vez De la Espriella asuma la presidencia el próximo 7 de agosto.

Cambio de rumbo en la política agraria

La decisión de la administración entrante se fundamenta en la percepción de que las APPA han impuesto restricciones excesivas al uso productivo de la tierra, afectando la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades rurales. El gobierno de De la Espriella ha manifestado su compromiso con un modelo que priorice la propiedad privada y el aprovechamiento productivo de los suelos, buscando recuperar la confianza de productores e inversionistas en el sector agrario.

El proceso de revisión y desmonte de estas figuras, según la oficina del presidente electo, se adelantará bajo criterios de seguridad jurídica y rigor técnico. El objetivo es evaluar los impactos que las APPA han tenido sobre la producción agropecuaria y la economía rural colombiana.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA): origen y controversia

Las APPA fueron incorporadas al marco jurídico colombiano mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Esta disposición modificó la Ley 388 de 1997, estableciendo estas áreas como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía.

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Objetivos y limitaciones de las APPA

El propósito de las APPA era proteger los suelos con vocación agrícola dentro de la frontera agrícola nacional, con el fin de:

Garantizar la producción de alimentos.
Preservar la seguridad alimentaria del país.
Evitar la destinación de terrenos agrícolas a usos incompatibles con la actividad agropecuaria.

En la práctica, la declaración de una zona como APPA por parte del Ministerio de Agricultura obligaba a los municipios a integrar esta condición en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Esto limitaba significativamente los cambios en el uso del suelo para proyectos urbanos, industriales, turísticos o mineros que pudieran considerarse contrarios a la vocación agrícola de los predios.

La implementación de las APPA generó un intenso debate. Mientras el gobierno Petro defendía la medida como un instrumento para proteger los mejores suelos agrícolas y la producción de alimentos, sus críticos argumentaban que concentraba las decisiones sobre el uso del suelo en el Gobierno Nacional, restando autonomía a los municipios y generando incertidumbre jurídica.

Contexto político y socioeconómico de la decisión

La determinación del gobierno de Abelardo De la Espriella de derogar las APPA se inscribe en un contexto de cambio de políticas significativo en Colombia. El gobierno saliente de Gustavo Petro promovió una reforma agraria integral que buscaba democratizar la tenencia de la tierra y priorizar la producción de alimentos frente a otros usos del suelo, como la ganadería extensiva o la minería. Las APPA eran una pieza clave de esta visión, diseñada para proteger la vocación agrícola de suelos fértiles y garantizar la soberanía alimentaria del país, especialmente en regiones de alta productividad agrícola.

Por otro lado, la crítica a las APPA, liderada por sectores empresariales, gremios agrícolas y algunos partidos políticos, se centró en la afectación a la propiedad privada, la supuesta burocratización de los trámites y la centralización de decisiones que tradicionalmente recaían en las autoridades locales. La llegada de un nuevo gobierno con una plataforma ideológica distinta, que enfatiza la libertad económica y la inversión privada, propicia este tipo de reversiones políticas, marcando un claro contraste con la agenda rural precedente. La derogación de las APPA podría ser interpretada como una señal para atraer capital al sector agrario, aunque sus críticos podrían argumentar que desprotege recursos vitales para la seguridad alimentaria a largo plazo.

Apoyos legislativos y advertencias de los organismos de control

La decisión de De la Espriella coincide con una solicitud formal de legisladores electos como la senadora Sara Castellanos y los representantes Carol Borda y Daniel Briceño. Estos congresistas pidieron al futuro ministro de Agricultura la revocatoria de las resoluciones que crearon las APPA y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). Argumentan que estas figuras han:

Generado incertidumbre jurídica para propietarios, productores e inversionistas.
Afectado derechos relacionados con la propiedad privada y la libertad económica.
Convertido una medida de protección agrícola en una herramienta de intervención centralizada sobre el uso del suelo, que tradicionalmente ha correspondido a las autoridades locales.

La representante Carol Borda enfatizó que, en su opinión, estas medidas imponen restricciones a actividades como el comercio, la industria, el turismo o la construcción sin los estudios técnicos adecuados que justifiquen dichas limitaciones.

Además, la solicitud de los congresistas abarca la revisión del Decreto 1147 de 2024, que, según ellos, otorga a la Agencia Nacional de Tierras facultades para establecer límites sobre la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.

La petición de desmonte también se sustenta en pronunciamientos de organismos de control. La Contraloría General de la República había advertido sobre riesgos legales, fiscales y de gobernanza asociados a la implementación de las APPA. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que dio origen a esta figura.

A pesar del anuncio y las solicitudes, las APPA y ZPPA mantienen su vigencia hasta que no exista una decisión judicial que las invalide o una derogatoria formal de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura.