El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha delineado una política de seguridad radicalmente opuesta a la de su predecesor, Gustavo Petro, anunciando el desmonte inminente de la estrategia de "Paz Total" a partir del próximo 7 de agosto. Esta decisión implica la reactivación de todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales y la eliminación de los mecanismos que, según De la Espriella, se tradujeron en "impunidad total".
Reversión de la política de "Paz Total"
Desde su segunda alocución dominical como presidente electo, De la Espriella fue enfático en su crítica a la iniciativa de paz del gobierno saliente. "Voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas", declaró.
La "Paz Total" fue el pilar de la política de seguridad de Gustavo Petro, diseñada para entablar negociaciones simultáneas con diversas organizaciones armadas, incluyendo guerrillas, disidencias de las FARC y grupos criminales. Sin embargo, su implementación estuvo marcada por la persistencia de la violencia en varias zonas del país y cuestionamientos sobre la efectividad de los ceses al fuego y los beneficios otorgados.
Medidas inmediatas y reactivación judicial
El presidente electo anunció una serie de acciones concretas que tomará su administración desde el inicio de su mandato:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →- Derogación de mecanismos: Se desmontarán los acuerdos y beneficios derivados de la "Paz Total" que De la Espriella considera que favorecieron la impunidad.
- Reactivación de órdenes de captura: Mediante decretos, instruirá a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, para que todas las órdenes de captura pendientes sean reactivadas.
- Acción militar y policial: Las Fuerzas Militares y la Policía recibirán órdenes directas para hacer efectivas dichas capturas, señalando un cambio en la postura frente a los grupos armados.
"A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla", afirmó De la Espriella, delineando su enfoque de mano dura con posibilidades de negociación únicamente bajo las condiciones del sistema judicial. También instruyó a su equipo de empalme para preparar la "maraña jurídica" que permitió los beneficios a grupos armados.
Un contexto de seguridad complejo en Colombia
La decisión de De la Espriella de desmantelar la "Paz Total" se da en un panorama nacional caracterizado por una compleja dinámica de conflicto. Regiones como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el suroccidente del país, han sido históricamente epicentros de la violencia, con la presencia arraigada de disidencias de las FARC, el ELN y diversos grupos armados organizados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. La política de "Paz Total", si bien buscaba una solución integral, a menudo fue criticada por la percepción de que la flexibilidad en las negociaciones permitía a estos grupos fortalecerse o reagruparse, especialmente al mantener control territorial y actividades ilícitas. La promesa de reactivar órdenes de captura y adoptar una postura más punitiva podría generar un recrudecimiento de las operaciones militares en estas áreas, pero también representa una clara ruptura con el intento de diálogo amplio de la administración saliente.
Primera señal de sometimiento: Los Pepes en Barranquilla
Como una de las primeras concreciones de su enfoque, el presidente electo reveló haber recibido una solicitud de sometimiento a la justicia por parte de José Palomino y Aldair Montalegre, identificados como cabecillas de la organización criminal "Los Pepes", con operaciones en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
De la Espriella anunció que, este lunes, instruirá a su futuro ministro de Defensa, cuyo nombre aún no ha sido revelado, para coordinar el procedimiento correspondiente. Adicionalmente, solicitará a la Fiscalía General de la Nación la designación de un fiscal y un grupo de policía judicial para avanzar en el proceso.
Este caso temprano servirá como un indicador de la eficacia de la nueva estrategia de seguridad de la administración de De la Espriella, que busca reestablecer una política de seguridad más contundente y con un énfasis en el rigor judicial frente a la criminalidad organizada.
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