Un juzgado de Medellín ha emitido una orden de extinción de dominio sobre una propiedad localizada en el barrio El Poblado. Este inmueble, que actualmente figura a nombre del exfutbolista José René Higuita Zapata y de un familiar suyo, fue, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, adquirido con fondos procedentes del narcotráfico, específicamente del desaparecido Cartel de Medellín.
La decisión judicial se basa en un exhaustivo proceso de investigación que reveló cómo el bien fue utilizado en una serie de transacciones para ocultar su origen ilícito. Los integrantes del Cartel de Medellín empleaban esta estrategia para blanquear activos y evitar su detección y confiscación por parte de las autoridades, una práctica común en la estructura financiera de las organizaciones criminales de la época.
La Trama de Adquisición Ilícita
La Fiscalía General de la Nación detalló que la propiedad en cuestión fue inicialmente adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien, según el ente acusador, fungía como testaferro. Cuartas Rendón estaba directamente vinculado a los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada, figuras prominentes y socios clave dentro de la jerarquía del Cartel de Medellín.
Las pruebas recabadas durante la investigación, presentadas ante el juzgado, incluyen:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →- Testimonios que corroboran las transacciones y la participación de los implicados.
- Documentos que evidencian el flujo de recursos y las titularidades del inmueble.
- Dictámenes periciales que apoyan la hipótesis de la procedencia ilícita de los fondos.
Estos elementos permitieron a la Fiscalía acreditar las complejas maniobras utilizadas para encubrir el origen del bien inmueble, que pasó por diversas transferencias entre propietarios antes de llegar a manos de Higuita y su familiar.
Falsedad Documental y Transferencias Sospechosas
Un aspecto crucial de la investigación fue la detección de irregularidades documentales. Autoridades realizaron un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas presentes en una escritura pública asociada al inmueble era falsa. Este hallazgo reforzó la tesis de la Fiscalía sobre las intenciones de ocultamiento detrás de las transacciones.
El inmueble fue objeto de múltiples transferencias de propiedad, un patrón frecuente en el lavado de activos, hasta que, finalmente, su titularidad recayó en René Higuita y un miembro de su familia. Estas operaciones consecutivas buscaban dificultar el rastreo de los verdaderos propietarios y el origen del dinero con el que se adquirió el bien.
La Defensa de René Higuita: Un Clamor en Redes Sociales
En junio de 2023, René Higuita se pronunció públicamente sobre este caso a través de un video difundido en redes sociales. En su declaración, el exportero denunció a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por lo que él consideraba una continuación injusta del proceso de extinción de dominio sobre la propiedad, que según sus palabras, había adquirido en 1992.
Higuita enfatizó su desconocimiento sobre cualquier vínculo del inmueble con el Cartel de Medellín, alegando buena fe en la adquisición y que la propiedad era el fruto de su trabajo. En el video, el exfutbolista mostró el estado de ruina del inmueble, que lleva casi tres décadas inmerso en un litigio jurídico. «Esta era mi casa, lleva casi 30 años en un proceso jurídico por extinción de dominio y así se encuentra ahora, totalmente en ruinas. Lo triste de esto es que a lo largo de todos estos años la SAE la dejó en este estado», expresó en su cuenta de X.
A pesar de sus reclamos sobre haber demostrado la legalidad de la adquisición con documentos y soporte jurídico, el dictamen judicial reciente parece desestimar sus argumentos, al menos en primera instancia, y confirma la procedencia ilícita del bien.
Contexto Histórico y Jurisprudencial de la Extinción de Dominio en Colombia
El caso de René Higuita no es un hecho aislado en Colombia, un país que ha luchado durante décadas contra las estructuras del narcotráfico y su impacto en la economía y la sociedad. La figura de la extinción de dominio, si bien moderna en su concepción legal, tiene raíces profundas en la necesidad del Estado colombiano de recuperar bienes incautados a organizaciones criminales. Esta herramienta jurídica permite al Estado despojar a los titulares de bienes que han sido adquiridos directa o indirectamente con dinero ilícito, sin necesidad de que haya una condena penal previa por parte del propietario.
Medellín, en particular, fue el epicentro de la actividad de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín durante las décadas de 1980 y 1990. En ese período, el dinero del narcotráfico se infiltró en diversos sectores de la economía, desde propiedades de lujo hasta empresas legítimas, distorsionando el mercado y creando una compleja red de testaferrato y lavado de activos. La lucha por la extinción de dominio de estos bienes generó una jurisprudencia vasta y ha sido un pilar fundamental en la estrategia estatal para socavar el poder económico de las organizaciones criminales. Estos procesos suelen ser largos y complejos, como lo evidencia el caso del inmueble de Higuita, que ha durado casi 30 años en el ámbito judicial, reflejando las dificultades para desentrañar las capas de ocultamiento de bienes ilegales y la importancia de la persistencia de las autoridades en la aplicación de la ley.
La decisión sobre el inmueble de Higuita subraya la determinación de las autoridades colombianas para perseguir el origen ilícito de los bienes, sin importar el tiempo transcurrido o la figura pública del implicado, reafirmando el principio de que los bienes de la mafia no pueden tener legitimidad bajo el amparo de la ley.
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