Bogotá, Colombia – El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha puesto a consideración pública un proyecto de decreto que busca reformar de manera sustancial las tarifas mínimas para los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Esta iniciativa, largamente anticipada desde inicios de año, tiene como objetivo principal introducir un esquema de tarifas diferenciales que beneficie a hogares, colegios, microempresas y entidades públicas ubicadas en municipios de menor tamaño, modernizando una estructura tarifaria que no ha sido revisada a fondo en más de dos décadas.

“Hoy puede estar pagando lo mismo una gran empresa que un conjunto residencial por un servicio similar, y claramente las realidades no son las mismas”, afirmó Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en una entrevista concedida a principios de año. Esta declaración subraya la necesidad de ajustar la normativa a las diversas realidades económicas y sociales del país.

Diagnóstico y Propuesta para la Vigilancia Privada

Históricamente, el sector de la vigilancia privada en Colombia ha operado bajo un esquema de costos que, si bien garantizaba unos estándares mínimos, no distinguía entre la capacidad económica o las necesidades específicas de distintos tipos de usuarios. La tarifa mínima vigente, fijada en 9,77 veces el salario mínimo, se traduce en aproximadamente 17.106.341,85 COP mensuales para el primer semestre de 2026, sin incluir el seguro de vida y los gastos de administración y supervisión. Esta uniformidad de costos generaba una carga desproporcionada para segmentos de la población y el sector productivo con menores ingresos o requerimientos de seguridad más acotados.

El proyecto de decreto emerge tras una exhaustiva revisión de la estructura de costos del servicio, que ha concluido en la viabilidad de implementar un factor salarial más bajo para ciertas modalidades de servicio, especialmente las residenciales. La propuesta gubernamental plantea varios ajustes clave:

  • Factor salarial unificado y reducido: Se propone bajar el factor salarial a 8,69 veces el salario mínimo para todos los servicios. Este factor incluirá incrementos programados en línea con los ajustes de la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral, llegando a 8,76 desde el 1 de julio de 2026, 8,79 desde el 15 de julio de 2026 y 8,86 a partir del 1 de julio de 2027.
  • Componente de Costos Operativos Independiente (COIS): El proyecto introduce el COIS, expresado en Unidades de Valor Básico (UVB), para separar los costos operativos. Mientras que la tarifa general contemplaría un COIS de 156,150 UVB, los sectores beneficiados (hogares, colegios, microempresas, entidades públicas en municipios pequeños) verían este componente reducido a 41,929 UVB.
  • Eliminación del porcentaje de administración para estratos bajos: Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el decreto elimina el porcentaje de administración y supervisión (equivalente al 8% de la facturación en la modalidad sin armas), aunque las partes podrían acordarlo voluntariamente si así lo desean.

Es importante señalar que el proyecto no especifica el valor del seguro de vida obligatorio, un componente que forma parte integral de la tarifa final del servicio.

Contexto Nacional: Impacto Socioeconómico y Laboral

Este proyecto de decreto no puede entenderse al margen de la coyuntura socioeconómica y política actual de Colombia. El país, que se esfuerza por equilibrar el crecimiento económico con la justicia social, ha visto un incremento constante en la demanda de servicios de seguridad privada, especialmente en centros urbanos como Cali o Popayán y en zonas con dinámicas de seguridad complejas. La región suroccidental, por ejemplo, ha experimentado una creciente preocupación por la seguridad en conjuntos residenciales y pequeños comercios, donde el alto costo de la vigilancia formal a menudo resulta prohibitivo.

La implementación de tarifas diferenciales es un reconocimiento implícito de las asimetrías económicas que existen entre grandes corporaciones y pequeños negocios o familias, buscando democratizar el acceso a un servicio tan fundamental como la seguridad. Además, esta propuesta se alinea con los esfuerzos del Gobierno por reducir la informalidad laboral, un flagelo que afecta a una parte significativa del mercado de trabajo colombiano. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) ha enfatizado que la medida busca no solo brindar un alivio financiero, sino también prevenir que los usuarios recurran a prestadores de servicios no autorizados, que operan sin las regulaciones ni la experiencia necesarias, lo que podría comprometer la calidad del servicio y la seguridad de los ciudadanos.

Protección del Empleo y Lucha contra la Informalidad

La Supervigilancia asegura que esta medida no solo aliviará la carga financiera de los usuarios, sino que también garantizará “salarios justos a más de 360.000 trabajadores del sector”. El superintendente Álvarez ha sido claro en que uno de los objetivos primordiales es frenar la informalidad. Al hacer más accesibles los servicios de seguridad privada legal y regulados, se espera desincentivar el uso de operadores informales, protegiendo así los derechos laborales de los vigilantes y ofreciendo un servicio de mayor calidad y confiabilidad a la ciudadanía.

Los incrementos programados en el factor salarial a lo largo de 2026 y 2027 están directamente relacionados con los nuevos costos laborales derivados de la reforma laboral del gobierno actual y la reducción progresiva de la jornada de trabajo. Esto demuestra un intento por armonizar la viabilidad económica del sector con la mejora de las condiciones laborales de sus empleados.

En resumen, la propuesta del Gobierno Nacional representa un paso significativo hacia la modernización del marco regulatorio de la seguridad privada en Colombia, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad económica de las empresas, la accesibilidad del servicio para diferentes estratos sociales y la protección de los derechos de los trabajadores del sector.