Bogotá, Colombia – La Fiscalía General de la Nación inició este viernes la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un proceso que lo vincula con las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y la presunta conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en la hacienda Guacharacas. Tras la diligencia, el abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de la familia de Jesús María Valle, describió la actitud del exmandatario como «locuaz» y lo calificó de «gran actor».

Indagatoria: Uribe negó vínculos paramilitares

La diligencia judicial representa un paso significativo en una investigación que ha languidecido por décadas. Según Del Río, quien asiste a las víctimas, Uribe Vélez «fue muy genérico sobre la forma como llegó a la gobernación» y negó categóricamente su relación con grupos paramilitares, así como la génesis del Bloque Metro y su participación en las masacres. Estos señalamientos se han mantenido en el ojo público por años, constituyendo uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de Colombia.

El abogado destacó la concreción de la Fiscalía durante la indagatoria, aunque señaló que algunos temas se mantuvieron bajo reserva para garantizar el debido proceso. No obstante, su apreciación sobre la personalidad de Uribe Vélez fue contundente: «Hay algunos temas que nos reservamos por el criterio de esas diligencias, pero Uribe siendo Uribe, y podemos decir que es un gran actor», afirmó Del Río, sugiriendo una interpretación de la actitud del exmandatario durante el proceso.

Mancuso y el Bloque Metro: Declaraciones coherentes

Un elemento central en esta investigación es el testimonio de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar. Del Río aseguró que Mancuso fue «coherente en sus declaraciones anteriores» durante una entrevista realizada el pasado 3 de septiembre en Montería, Córdoba. Estas declaraciones involucrarían a miembros de la gobernación de Antioquia durante la administración de Uribe Vélez (1995-1997).

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Específicamente, el abogado se refirió a Pedro Juan Moreno, quien fue secretario de Gobierno en aquel periodo. «A juicio de Mancuso, el secretario de Gobierno venía en representación de Álvaro Uribe Vélez y para nosotros eso es fundamental», enfatizó Del Río, delineando una línea de investigación que busca establecer posibles responsabilidades en la cúpula de la administración antioqueña de entonces.

Adicionalmente, el abogado informó que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en otros procesos contra Uribe Vélez (por soborno en actuación penal y fraude procesal), serán consideradas en este caso. Monsalve ha sostenido haber pertenecido al Bloque Metro de las Autodefensas, una organización cuya presunta formación en la hacienda Guacharacas es parte medular de la actual indagatoria. Si bien su testimonio aún no ha sido solicitado formalmente para este expediente, su relevancia es indudable para la parte acusadora.

Conflicto de competencias y la búsqueda de justicia

El proceso se desarrolla en un contexto de tensión institucional, marcado por el reciente conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que deberá ser resuelto por la Corte Constitucional. Del Río calificó como «fatal» la postura de congresistas del Pacto Histórico al firmar la proposición que generó dicho conflicto. Argumentó que los hechos bajo investigación ocurrieron entre 1996 y 1998, años en los que Uribe Vélez no era presidente, lo que, a su juicio, otorga competencia exclusiva a la Fiscalía.

«La Comisión de Acusación no puede investigar a Álvaro Uribe Vélez por estos hechos, es la Fiscalía la competente y eso lo saben todos los miembros de la comisión», aseveró el abogado, anticipando que la Corte Constitucional validará la competencia del ente acusador en este caso.

Contexto Regional: La Sombra del Paramilitarismo en Antioquia

La investigación contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, así como la supuesta conformación del Bloque Metro, se enmarca en uno de los períodos más oscuros de la violencia en Antioquia. Durante la década de 1990, esta región fue un epicentro de la expansión paramilitar, con la irrupción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y la posterior fragmentación en diversos bloques. El Bloque Metro, en particular, tuvo una presencia significativa en el Oriente antioqueño, zona de influencia de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. La disputa por el control territorial, la confrontación con las guerrillas y la connivencia o aquiescencia de ciertos sectores del Estado y la élite local, marcaron una época de terror que dejó miles de víctimas. Las masacres mencionadas representan hitos trágicos de esta brutalidad, y la búsqueda de responsabilidades sobre su génesis y desarrollo sigue siendo un clamor por verdad y justicia en una sociedad colombiana que aún lidia con las secuelas de este conflicto.

Víctimas esperan respuestas tras 30 años

Para la familia de Jesús María Valle, la indagatoria representa una «pequeña luz en el túnel» después de casi 30 años del homicidio. «Para nosotros no hay ninguna duda de la participación de Álvaro Uribe Vélez», afirmó Del Río, reflejando el persistente clamor de las víctimas por verdad y justicia. El crimen de Valle, un valiente defensor de derechos humanos que denunció la complicidad entre fuerza pública y paramilitares en la región, fue declarado delito de lesa humanidad por la Corte en 2018, lo que impidió la prescripción de la acción penal.

La longitud del proceso y la lentitud de la justicia son un reflejo de los desafíos que enfrenta Colombia para esclarecer crímenes complejos de su pasado. «Es muy triste todo el tiempo que ha pasado, muy triste, la familia de alguna manera siente que no hay respuestas del Estado, de la Administración de Justicia y este es un pequeño avance», concluyó Del Río, subrayando la expectativa y la esperanza, contenidas y cautelosas, de quienes han esperado por décadas una rendición de cuentas.

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