UNP asignó polémico esquema a Gabriela Muñoz: ¿amenazas reales o tráfico de influencias?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) se encuentra en el centro de una nueva controversia tras la revelación de un esquema de seguridad asignado a Gabriela Muñoz, una joven cuyo nombre adquirió relevancia pública por señalamientos de presunta influencia indebida en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y su cercanía con el expresidente Gustavo Petro. La polémica radica en que esta protección, compuesta por dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas, fue otorgada el 26 de junio de 2026, semanas antes de que su nombre cobrara notoriedad, momento en el que Muñoz no ostentaba ningún cargo público ni tenía un perfil político visible.

La situación ha provocado reacciones diversas, incluyendo el cuestionamiento directo de figuras políticas que piden claridad sobre los criterios de asignación de la UNP, una entidad clave en la protección de líderes sociales y políticos en un país con altos índices de riesgo como Colombia.

Cronología de una Asignación Cuestionada

Según la información difundida por medios como El Tiempo y El Colombiano, el esquema de seguridad para Gabriela Muñoz fue aprobado a finales de junio de 2026. En ese momento, la joven no era una figura pública reconocida ni ocupaba posiciones en la administración estatal que justificaran de forma evidente tal nivel de protección.

La notoriedad de Muñoz surgió posteriormente, a raíz de las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Fondo Adaptación, quien la señaló de «manejar los hilos» dentro de la Aerocivil. A estas acusaciones se sumaron los cuestionamientos del representante a la Cámara Daniel Briceño, quien denunció presuntas irregularidades en nombramientos dentro de la entidad y la presencia de familiares de Muñoz, incluyendo el de su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, como auxiliar V.

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Estas denuncias desataron un debate público sobre el tráfico de influencias y la meritocracia en entidades estatales, enlazando el nombre de Muñoz con la controversia. Es en este contexto que la existencia de su esquema de seguridad, preexistente a las acusaciones, generó suspicacia.

La Defensa de Gabriela Muñoz: Amenazas Preexistentes

Ante la controversia, Gabriela Muñoz ha respondido, afirmando que las amenazas que motivaron la solicitud y posterior aprobación de su esquema de seguridad son «reales» y «están debidamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación». Esta declaración busca legitimar la necesidad de protección y desvincularla de las acusaciones posteriores sobre su influencia en la Aerocivil. Sin embargo, la UNP no ha revelado detalles específicos sobre la naturaleza de estas amenazas, dejando un vacío de información que alimenta las dudas sobre la idoneidad y transparencia de la asignación.

El Marco Normativo y la Realidad en Colombia

La asignación de esquemas de protección se rige principalmente por el Decreto 1066 de 2015, el cual contempla medidas para la protección de dirigentes o activistas de grupos políticos, defensores de derechos humanos, víctimas, entre otros perfiles vulnerables. El procedimiento implica un estudio de riesgo por parte de la UNP, que evalúa la probabilidad de sufrir atentados contra la vida o la integridad personal.

Sin embargo, la efectividad y la equidad en la aplicación de estos criterios han sido objeto de constante debate en Colombia. Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos han criticado la burocratización del proceso y la disparidad en la asignación de recursos, donde a menudo líderes sociales y comunitarios con amenazas comprobadas enfrentan largos trámites y esquemas precarios, mientras que figuras con menor perfil de riesgo aparente reciben protección robusta.

En un país como Colombia, donde los líderes sociales y defensores de derechos humanos enfrentan riesgos constantes, especialmente en zonas como el suroccidente (Cauca, Valle del Cauca, Nariño), la distribución de recursos de protección es un tema sensible. La priorización de esquemas ha sido históricamente un punto de fricción, con denuncias de clientelismo o favoritismo político. Casos como el de Muñoz, donde la asignación precede a su reconocimiento público por un escándalo de posible tráfico de influencias, exacerban estas preocupaciones y reabren la discusión sobre la transparencia y la verdadera misión de la UNP.

Reacciones Políticas y Expectativas de Revisión

La senadora Sara Castellanos fue una de las primeras en cuestionar públicamente la asignación del esquema a Muñoz, contrastando su situación con la de otros líderes que enfrentan amenazas reales y documentadas. El caso de Muñoz se suma a otras controversias que han salpicado a la UNP en los últimos años, donde se han denunciado irregularidades en la contratación de vehículos blindados y la asignación de esquemas a personas que no cumplirían con los requisitos. Se espera que el recién posesionado director de la UNP, Didier, revise la validez y continuidad de este y otros esquemas controvertidos.

La situación de Gabriela Muñoz pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de la UNP para garantizar que los recursos de protección se destinen a quienes realmente los necesitan, fortaleciendo así la confianza pública en una institución vital para la seguridad democrática del país.