La administración federal mantendrá en marcha las labores proyectadas para el East Potomac Golf Links en Washington, D.C., según confirmó el presidente Donald Trump, pese a la determinación judicial que vetó el derribo de vegetación adicional y fijó la obligación de notificar cualquier cambio permanente en el predio.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario catalogó el dictamen como «inconstitucional» y adelantó que el Departamento del Interior impugnará la medida. La clausura del recinto deportivo está prevista para el 15 de noviembre, con el objetivo de ejecutar faenas de reconstrucción fundamentadas en factores de modernización, seguridad, estética y competitividad.

Cuestionamientos al alcance de la decisión judicial

El gobernante rechazó que los tribunales tengan facultades para demandar reportes sobre los trabajos en el complejo. Al respecto, declaró que tales exigencias resultan «engorrosas, innecesarias, costosas e inconstitucionales». Asimismo, manifestó:

«El juez no tiene absolutamente ningún derecho a paralizar este proyecto tan importante y hermoso. Solicitamos al Tribunal de Circuito de DC una solución inmediata».

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Días antes, Trump había dirigido descalificaciones personales contra Reyes, magistrada designada durante el mandato de Biden, llamándola «lunática desquiciada» e insinuando que «quizás esté loca» tras emitir una medida cautelar restrictiva. En mensajes posteriores, el presidente defendió la potestad absoluta del Departamento del Interior sobre las obras y difundió imágenes de cercas destruidas, anegaciones y desechos para asegurar que el terreno era conocido como «Isla de la Basura».

Fundamentos jurídicos de la jueza Reyes

Frente a los alegatos gubernamentales que acusaban una presunta invasión de las competencias del Ejecutivo, la jueza precisó que las directrices van dirigidas de manera concreta hacia entidades federales y no hacia la persona de Trump:

  • El Servicio de Parques Nacionales.
  • El Departamento del Interior.

En su pronunciamiento, Reyes desestimó las justificaciones oficiales señalando: «La “separación de poderes” no es un conjuro mágico que permita al Ejecutivo actuar sin control». La funcionaria judicial recalcó además que ningún poder estatal tiene la atribución de evadir sus deberes amparándose en dicho principio sin fundamentos, práctica que, según puntualizó, aplicó la actual administración.

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