La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ha emitido un auto de segunda instancia que reorienta significativamente el proceso judicial contra la presunta red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo». En una decisión fechada el 9 de septiembre de 2026, la judicatura ha dispuesto la inclusión de pruebas testimoniales clave, entre ellas la comparecencia del general (r) William René Salamanca Ramírez, exdirector de la Policía Nacional, y del general (r) Heinar Puentes, quien ejerció como director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
Esta determinación tiene lugar en el marco del juicio oral que se adelanta contra Ricardo Orozco Baeza, Mario Andrés Sarmiento Rojas, Alexander Galeano Ardila y José Helí Álzate Moncayo. Estos individuos fueron imputados por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, cargos que ninguno de los acusados ha aceptado. La resolución de los magistrados Jaime Andrés Velasco y Rocío Trujillo representa un cambio de rumbo respecto a la valoración de la relevancia de ciertos testimonios por parte del juez de primera instancia.
La trascendencia de los testimonios solicitados
El Tribunal Superior de Bogotá consideró que las defensas sí lograron argumentar la pertinencia de los testimonios de ex altos mandos. Específicamente, sobre el general (r) William René Salamanca Ramírez, la defensa de Alexander Galeano Ardila expuso que el exdirector de la Policía podría aportar información sobre:
- Decisiones administrativas adoptadas al interior de la Policía Nacional durante el periodo de investigación.
- La participación de funcionarios policiales mencionados por la Fiscalía en la trama.
- Aspectos relacionados con la denominada «Cumbre de Gobernadores» realizada en febrero de 2024, evento que la propia acusación ha señalado como relevante en la secuencia de los hechos investigados.
La Sala contradijo la postura inicial que desestimaba la validez de investigaciones disciplinarias internas y procedimientos institucionales para el juicio, argumentando que estos elementos son cruciales para entender el contexto operativo y las posibles omisiones o complicidades que pudieron existir dentro de la institución policial.
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El caso de «Papá Pitufo» no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un complejo entramado de contrabando y corrupción que ha permeado diversas instituciones en Colombia. Históricamente, el país ha lidiado con redes criminales que aprovechan las porosas fronteras y la demanda interna de productos para evadir impuestos, introducir mercancías ilegales y generar ganancias ilícitas que, a menudo, financian otras actividades delictivas. La implicación de miembros de la fuerza pública, como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en este tipo de esquemas, subraya la profunda infiltración de la corrupción en estamentos encargados de combatir estas actividades. La búsqueda de testimonios de exdirectores de estas entidades no solo busca esclarecer responsabilidades individuales, sino también identificar fallas estructurales y operativas que facilitaron la comisión de estos delitos, lo cual es fundamental para la credibilidad de las instituciones y la lucha contra la impunidad en un país con una larga historia de desafíos en materia de seguridad y transparencia.
Ampliación de testigos y nuevas pruebas
Además de los testimonios de Salamanca y Puentes, la Sala Penal ordenó la comparecencia de Luis Fernando Arcos Álvarez y Álvaro Galvis Acevedo. La defensa de Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», también ha anunciado su intención de solicitar los testimonios de los dos generales. Adicionalmente, esta defensa buscará que declare Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Como parte de su estrategia, la defensa de «Papá Pitufo» planea presentar una certificación de la DIAN, fechada en agosto pasado, la cual supuestamente indicaría que Diego Marín no cuenta con registros como infractor aduanero en la entidad. Este documento podría ser un punto de contención importante en el desarrollo del juicio, contrastando con la acusación que lo señala como el cerebro de la red de contrabando.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de incorporar estas pruebas testimoniales refuerza la búsqueda de una comprensión exhaustiva de los hechos y las posibles responsabilidades institucionales en uno de los casos de contrabando y corrupción más resonantes de los últimos años en Colombia.
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