Trabajadora de Zara denuncia humillación y despido simbólico tras accidente laboral

Bogotá, Colombia – María Alejandra Rojas, empleada de Zara en el centro comercial Unicentro, ha hecho pública una denuncia que pone en el centro del debate la responsabilidad empresarial y el trato a los trabajadores en Colombia. Rojas alega haber sufrido un accidente laboral el pasado 23 de agosto durante una actividad de integración, seguido de una serie de humillaciones y obstáculos para acceder a la atención médica y resolver su situación laboral, culminando con un insólito incidente donde fue obligada a abandonar el establecimiento descalza.

El Accidente y las Primeras Irregularidades

La situación se desencadenó el 23 de agosto, cuando Rojas, quien había ingresado a Zara apenas tres días antes con un contrato indefinido como cajera, asistió a una actividad de integración en el Parque Country, cercano a su lugar de trabajo. Según su relato, durante un juego con una pelota, perdió el equilibrio y cayó, lesionándose gravemente la mano. La trabajadora informó de inmediato a los encargados presentes, quienes, según ella, la remitieron a la enfermería del centro comercial y le indicaron que solicitara atención por su EPS, no por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), bajo el argumento de que el incidente no ocurrió dentro de la tienda.

Este punto es crucial. La legislación colombiana (Ley 1562 de 2012) define el accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Las actividades recreativas, culturales o deportivas, cuando son organizadas o patrocinadas por el empleador y el trabajador participa por orden expresa del mismo o dentro de sus horas laborales, suelen considerarse parte del ámbito laboral, lo que implicaría la cobertura de la ARL.

Rojas se vio obligada a buscar atención a través de su EPS, donde inicialmente no figuraba registrada en la ARL, lo que complicó aún más su acceso a servicios médicos especializados. Tras gestiones y comunicaciones con sus superiores, y reiteradas visitas a urgencias por el dolor persistente y la inflamación de su mano, finalmente logró ser atendida por la ARL en la Clínica Colina, donde le diagnosticaron una nueva incapacidad.

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Dificultades Laborales y Contexto Colombiano

La denuncia de María Alejandra Rojas no es un caso aislado. Colombia, un país con una economía que aún lucha contra la informalidad y la precariedad laboral, a menudo ve a sus trabajadores enfrentarse a retos significativos en la protección de sus derechos. La burocracia en el acceso a servicios de ARL y EPS, la presión por mantener el empleo y el temor a represalias son factores que pueden disuadir a muchos de denunciar situaciones irregulares. La capital, Bogotá, como principal polo económico, concentra gran parte de estas dinámicas.

El país ha avanzado en normatividad para proteger a los trabajadores, pero la implementación y el cumplimiento efectivo siguen siendo desafíos. Casos como el de Rojas resaltan la necesidad de una vigilancia constante por parte de las autoridades laborales y una mayor conciencia de los empleadores sobre sus responsabilidades, especialmente en empresas transnacionales que operan bajo estándares globales. La relación de poder entre empleador y empleado, a menudo desequilibrada, se agudiza cuando el trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como es el caso de una lesión.

Denuncia de Humillación y Acoso

Más allá de las complicaciones médicas, Rojas relata un ambiente laboral hostil tras su accidente. Afirma que su jefa, Natalia Valdez, mantenía una amistad con la sobrina de la dueña del lugar donde ella residía, y que tras el incidente, comenzaron confrontaciones en su vivienda. Incluso, un documento RUAF con su afiliación a la ARL, crucial para su proceso, habría desaparecido, un hecho que solicita se investigue.

El punto álgido de su denuncia ocurrió al finalizar una de sus incapacidades. Según Rojas, Luisa, asistente de su jefa, le exigió devolver unos zapatos que le habían sido prestados para trabajar, argumentando que no formaban parte de su dotación. Rojas, quien no se negó a la devolución, pidió que la entrega quedara registrada. La situación escaló cuando, al entregar el calzado al terminar su turno, se vio obligada a salir de la tienda descalza, teniendo que caminar por el Centro Comercial Unicentro en esas condiciones.

Este acto, que Rojas describe como humillante y que le provocó un ataque de ansiedad, resuena como un «despido simbólico» o una forma de presión velada. La legislación laboral colombiana, a través del Código Sustantivo del Trabajo, prohíbe explícitamente cualquier acto que menoscabe la dignidad del trabajador. La conducta descrita por Rojas podría considerarse una forma de acoso laboral, contemplado en la Ley 1010 de 2006, la cual busca prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, humillación o intimidación en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Peticiones y Evidencias

María Alejandra Rojas, quien aún conserva su empleo en Zara, ha manifestado que su intención no es renunciar, sino obtener respuestas y justicia. Sus solicitudes principales son:

Investigar las condiciones de la actividad en el Parque Country el 23 de agosto.
Revisar el proceso de su afiliación y atención por parte de la ARL.
Analizar las comunicaciones con sus superiores y el documento que presentó para dejar constancia de los hechos.
Esclarecer la desaparición del registro del RUAF.

La trabajadora afirma poseer una sólida base de pruebas que incluyen historias clínicas, incapacidades, documentos y grabaciones de audio, elementos que ha puesto a disposición de las autoridades para su revisión. Rojas enfatiza: «No soy un problema por haber denunciado lo que me pasó», una declaración que subraya su determinación a buscar transparencia y el respeto a sus derechos en un entorno laboral que, según su versión, ha fallado en protegerla.