Bogotá, Colombia – Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, exlíder de las extintas FARC, emitió una declaración contundente desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), respondiendo directamente a las críticas del presidente electo, Abelardo de la Espriella. En un pronunciamiento que ha resonado en el panorama político colombiano, Londoño afirmó que, de ser asesinado, se sumaría al trágico balance de excombatientes caídos desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
La tensión se elevó tras los señalamientos de De la Espriella, quien manifestó su intención de que el exjefe guerrillero permanezca en prisión de por vida. Ante esto, Londoño replicó: “Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte. Estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”. Esta frase no solo subraya la persistencia de una amenaza real para los excombatientes, sino que también evoca la memoria de los firmantes del Acuerdo que han perdido la vida en la última década.
Contexto de una paz en disputa
El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, firmado en 2016, representó un hito histórico tras décadas de conflicto armado. No obstante, su implementación ha sido un proceso complejo y, en muchos aspectos, accidentado. Uno de los puntos más críticos ha sido precisamente la seguridad de los excombatientes que dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. Organizaciones de derechos humanos y la misma Misión de Verificación de la ONU en Colombia han documentado sistemáticamente el asesinato de firmantes, lo que genera un ambiente de desconfianza y preocupación sobre el cumplimiento integral de lo pactado.
La cifra de más de 500 excombatientes asesinados, a la que Londoño hace referencia, es un indicador sombrío de los desafíos persistentes para consolidar la paz en territorios históricamente afectados por la violencia. Estos crímenes, perpetrados por diversos grupos armados ilegales y estructuras criminales, ponen en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar la vida y la seguridad de quienes apostaron por la vía legal.
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El exlíder de las FARC aprovechó su intervención para denunciar lo que considera campañas de estigmatización dirigidas contra él y contra el proceso de paz en general. A pesar de estos “discursos de odio”, reafirmó su compromiso con:
- La paz.
- La verdad.
- La reparación a las víctimas del conflicto.
El mensaje final de Londoño, “Firmes por la paz con justicia social”, se interpretó como una respuesta directa a la conocida campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ha mantenido una postura crítica frente al Acuerdo de Paz y a quienes participaron en el conflicto armado. Esta confrontación dialéctica subraya la polarización política que aún permea a la sociedad colombiana en torno a la forma de abordar el pasado y construir el futuro.
Viaje a Madrid y las implicaciones de la JEP
La polémica actual se intensificó a raíz del reciente viaje de Londoño a Madrid, España, en compañía de la organización Izquierda Unida. Este desplazamiento generó fuertes críticas por parte de De la Espriella y otros sectores políticos conservadores. La controversia se avivó aún más dada la reciente condena de la JEP contra miembros del secretariado de las antiguas FARC por los crímenes contemplados en el Caso 01, que investiga las tomas de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.
Sin embargo, la JEP, en sus determinaciones, especifica que los sancionados tienen la facultad de transitar libremente dentro del territorio nacional colombiano para el cumplimiento de sus sanciones, así como la posibilidad de salir del país, siempre y cuando obtengan una autorización previa de este tribunal de justicia transicional. Este marco legal, parte integral del Acuerdo de Paz, busca equilibrar la justicia con la reincorporación de los excombatientes, aunque sigue siendo fuente de debate y escrutinio público.
La declaración de Londoño no es un simple arrebato, sino una manifestación de la compleja realidad que atraviesa la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Refleja la persistencia de las heridas del conflicto, la lucha por la narrativa histórica y la frágil búsqueda de reconciliación en un país que, a pesar de los avances, sigue lidiando con las consecuencias de décadas de violencia.
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