Una nueva acusación formal presentada el 8 de octubre en Estados Unidos amplía los señalamientos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores. El documento detalla presuntas alianzas con grupos guerrilleros para el narcotráfico y la financiación ilegal, e incluye menciones a dirigentes de las Farc, entre ellos Timochenko.

Detalles de la acusación contra Maduro y Flores

Según la Fiscalía estadounidense, la acusación detalla una supuesta deuda que Maduro habría adquirido con la guerrilla, en el marco de una alianza relacionada con el narcotráfico. Se sostiene que el entonces mandatario venezolano habría aceptado vender petróleo de manera ilegal a las Farc para cubrir parte de esta obligación. Esta operación habría proporcionado recursos a la organización armada, con el conocimiento de Maduro de que el dinero podría financiar las actividades de las Farc en Colombia. Las supuestas transacciones petroleras se habrían extendido hasta aproximadamente 2015.

El expediente también señala que Maduro habría facilitado operaciones vinculadas con minas de oro en beneficio de las Farc. Es importante destacar que estas son afirmaciones presentadas por los fiscales, no hechos establecidos mediante una sentencia judicial.

Menciones a Timochenko, alias Iván Márquez y Jesús Santrich

El documento fiscal menciona a Timochenko, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y a Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich. Timochenko es citado por su presunta participación en una reunión en 2013 cuyo propósito habría sido discutir la supuesta deuda de Maduro con la guerrilla. A pesar de esta mención, su nombre no figura como acusado en esta nueva acusación formal; la referencia al antiguo comandante guerrillero forma parte del relato de hechos que los fiscales exponen para sustentar los señalamientos contra Maduro y Flores.

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Acusaciones adicionales de la Fiscalía

El escrito también expone señalamientos sobre supuestas gestiones para favorecer al ELN y actividades relacionadas con el tráfico de cocaína en territorio venezolano.

  • Contratos de Pdvsa para el ELN: En el numeral 13, los fiscales afirman que, alrededor de 2007, Cilia Flores habría ofrecido contratos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a grupos alineados con el ELN, con la supuesta intención de facilitar negociaciones con esa organización guerrillera.
  • Financiación mediante extorsiones: El numeral 14 describe presuntas actividades de financiación de grupos armados y estructuras criminales, incluidas las Farc y el ELN, mediante extorsiones en zonas de Venezuela bajo su presunto control.
  • Tráfico de cocaína y funcionario CC-3: En el numeral 17, se refiere a hechos ocurridos entre 2022 y junio de 2024. Según la Fiscalía, un alto funcionario venezolano identificado como CC-3 habría viajado a sectores controlados por el ELN, cerca de la frontera colombo-venezolana, para garantizar el paso de cargamentos de cocaína por Venezuela. Las gestiones vinculadas con el narcotráfico habrían continuado mediante reuniones entre representantes de ese funcionario y narcotraficantes colombianos, al menos hasta agosto de 2025.

Supuestas violaciones a derechos humanos y detenciones

La acusación también incorpora señalamientos relacionados con presuntos actos de tortura y persecución contra opositores políticos durante el gobierno venezolano. Según la Fiscalía estadounidense, Maduro y Flores habrían participado en una estructura que utilizaba organismos de seguridad e inteligencia para perseguir a personas consideradas contrarias al gobierno. Entre los métodos descritos en el documento se mencionan golpizas, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, aislamiento prolongado y amenazas contra familiares de los detenidos. El expediente también menciona a ciudadanos estadounidenses que presuntamente fueron privados de la libertad y sometidos a malos tratos por parte de funcionarios venezolanos.

Estos señalamientos se suman a cargos previos relacionados con presunto narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos asociados con armas. Según la información suministrada en el expediente, Maduro y Flores permanecen detenidos en Estados Unidos desde enero de 2026 y se han declarado no culpables de los cargos que enfrentaban previamente. El proceso continúa ante la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York.

Posición del presidente colombiano Abelardo De La Espriella

En un contexto relacionado, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, compartió un video en su cuenta de X (antes Twitter) el 8 de octubre de 2026, confirmando la firma de nueve nuevas órdenes de extradición. Con estas, su gobierno alcanza un total de 119 extradiciones en sus primeros dos meses de mandato.

De La Espriella reiteró la postura de su administración en materia de cooperación judicial internacional, manifestando su compromiso de evitar que personas procesadas en el exterior evadan sus responsabilidades ante tribunales extranjeros. “En mi Gobierno aplico, sin titubeos ni contemplaciones, todos los mecanismos de cooperación internacional para que quienes cometen delitos en otros países respondan ante la justicia”, expresó el mandatario. Adicionalmente, advirtió: “Que les quede muy claro: Colombia no será refugio de delincuentes ni escondite de quienes pretenden evadir la justicia internacional. El que crea que puede venir a nuestro territorio a esconderse o a pasar de agache está muy equivocado”.

El presidente De La Espriella señaló que estas órdenes de extradición representan un avance en la política de seguridad y justicia de su Gobierno, asegurando que no habrá privilegios para quienes intenten evadir la justicia. “¡Se acabó la alcahuetería! Aquí no hay escondederos, privilegios ni impunidad para quienes pretenden burlarse de la justicia. ¡El que la hace, la paga!”, concluyó.

Desde la Casa de Nariño, el presidente también presentó un balance de sus primeros dos meses, destacando medidas de seguridad, operaciones contra organizaciones criminales, iniciativas de reconstrucción tras el terremoto de agosto, y decisiones económicas y de relaciones internacionales.

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