Tarifa de aseo cambiará en 2027: Posibles aumentos en el recibo

Una nueva regulación, que regirá a partir del 1 de enero de 2027, modificará la metodología de cálculo de la tarifa del servicio de aseo en Colombia. Esta situación ha generado un debate entre la entidad reguladora y las asociaciones de empresas prestadoras de servicios públicos, suscitando preocupación por posibles incrementos en el cobro mensual para los usuarios.

Resolución CRA 1040: el centro de la controversia

El núcleo de la discusión es la Resolución CRA 1040, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el 30 de julio de 2026. Esta normativa reemplaza la metodología tarifaria previa para operadores en municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos.

La resolución establece los criterios para reconocer los costos de diversas actividades del servicio de aseo, que incluyen:

Recolección y transporte de residuos.
Barrido de calles.
Corte de césped.
Disposición final en rellenos sanitarios.
Aprovechamiento de materiales reciclables.

La metodología busca definir los costos reconocibles por la prestación del servicio. Si las fórmulas se basan en supuestos que no corresponden con las condiciones operativas reales, podría generarse una brecha entre los recursos reconocidos y los necesarios para que los prestadores cumplan sus obligaciones.

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Andesco pide la revocatoria de la norma

Ante este panorama, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) solicitó directamente la revocatoria de la Resolución CRA 1040 al Gobierno Nacional el 22 de septiembre de 2026. El gremio argumenta que existen problemas en el proceso de participación ciudadana y cuestionamientos técnicos que podrían afectar la sostenibilidad de las empresas y la calidad del servicio.

Andesco estima que el nuevo marco regulatorio podría impactar a aproximadamente 36 millones de usuarios. Su solicitud de revocatoria se basa en cuatro puntos principales:

Posibles fallas en la participación ciudadana.
Incorporación de disposiciones nuevas no sometidas a discusión previa.
Efectos retroactivos relacionados con el aprovechamiento de residuos.
Incumplimiento de los criterios tarifarios de la Ley 142 de 1994.

Según Andesco, la publicación de un proyecto y la recepción de comentarios no bastan si los actores regulados no pueden conocer a tiempo las propuestas, evaluar sus implicaciones y saber cómo se consideraron sus observaciones. Además, el gremio señala que más del 50 % de las disposiciones de la resolución final corresponden a reglas no discutidas previamente.

Discrepancias técnicas y sus posibles implicaciones

Uno de los aspectos técnicos cuestionados por Andesco es el rendimiento que la nueva metodología atribuye a los equipos utilizados en la prestación del servicio. Las evaluaciones técnicas presentadas por los prestadores plantean diferencias en parámetros como:

Frecuencia de corte de césped: Se plantea una diferencia entre la propuesta de la CRA de 12 veces al año y la realidad operativa de 6 veces al año.
Rendimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Mientras la CRA propone 10 km/día, los prestadores indican 6 km/día.

Estas diferencias técnicas, sin embargo, no son suficientes para concluir por sí solas un porcentaje específico de aumento en los recibos. El impacto real en los hogares dependerá de los cálculos para cada ciudad y de cómo se apliquen las fórmulas tarifarias.

La visión de la CRA

Por su parte, la CRA defiende que la Resolución 1040 tiene como objetivos la modernización del servicio público de aseo, el avance hacia la economía circular y el desarrollo de la estrategia Basura Cero. Asimismo, busca fortalecer la actividad de los recicladores de oficio y mejorar las condiciones económicas de sus organizaciones.

A pesar de la discusión, hasta el momento no se ha validado una estimación pública nacional que precise un porcentaje de incremento en el costo del servicio para todos los usuarios. El efecto en el recibo final variará según la ciudad, el prestador y los componentes tarifarios aplicables.