La Superintendencia de Sociedades concedió un plazo de hasta 20 días hábiles para suspender de forma temporal ciertos efectos de la liquidación judicial sobre Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la cadena de comidas rápidas Presto. Mediante un auto fechado el 19 de octubre de 2026, la entidad reguladora autorizó la continuidad operativa para facilitar que la empresa sea transferida como unidad económica productiva a un tercero interesado.
Esta determinación surge tras la orden emitida el 13 de octubre por la misma autoridad, en la que se dio por terminado el acuerdo de reorganización empresarial y se abrió la fase liquidatoria. Frente a este escenario, la liquidadora Mónica Alexandra Macías Sánchez pidió aplicar medidas excepcionales con el fin de evitar el cierre inmediato de los locales, mantener el valor comercial del negocio y conseguir mejores ingresos para los acreedores en comparación con el remate fraccionado de los bienes.
Radiografía operativa y panorama laboral
El reporte presentado a la entidad de control detalla que la compañía conserva 86 locales comerciales en funcionamiento, pendientes de verificación, localizados a lo largo de 29 ciudades de Colombia. La red logística incluye además un centro de distribución y una planta de procesados ubicados en Bogotá.
En el frente de talento humano, la liquidadora expuso discrepancias en las bases de datos: mientras un informe preliminar menciona 599 plazas, el registro pormenorizado consigna 588 trabajadores, de los cuales 429 prestan sus servicios directamente en los puntos de venta habilitados. Asimismo, se destacó que 92 empleados están amparados por fueros de estabilidad laboral reforzada, factor determinante para solicitar la continuidad de las actividades.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Deudas superan los $45.200 millones
Los balances preliminares entregados al despacho indican obligaciones financieras pendientes por $45.259,9 millones, sujetas a la respectiva calificación y graduación de créditos. Las deudas se estructuran principalmente de la siguiente manera:
- Deudas fiscales: alcanzan $25.392,2 millones (56,1 % del pasivo global), donde el impuesto nacional al consumo e intereses concentran $25.220,4 millones.
- Proveedores comerciales: suman un total de $9.331,1 millones por concepto de mercancías.
- Acreedores diversos: obligaciones por $7.177 millones que abarcan servicios y cánones de arrendamiento.
- Pasivos de nómina y seguridad social: registran $2.919 millones en acreencias laborales y $440,7 millones en seguridad social.
En contraposición, los activos materiales realizables —que abarcan caja, existencias, planta, propiedades y equipos— se calculan en cerca de $3.452,5 millones. A este monto se suman intangibles pendientes de valoración económica, integrados por 29 marcas registradas, entre las cuales figuran Presto y Wimpy.
Rendimiento de los restaurantes y condiciones de la prórroga
Durante el período de enero a septiembre de 2026, los 86 locales registraron un Ebitda conjunto de $2.902 millones, a pesar de que el mes de septiembre arrojó un saldo negativo de $154,7 millones. El balance individual evidencia una división marcada: 44 sucursales generaron Ebitda favorable durante los nueve meses evaluados, mientras que las 42 restantes tuvieron desempeños desfavorables. Por ello, la liquidadora planteó la opción de reestructurar la cadena para conservar únicamente los puntos rentables.
Con miras a tasar la unidad productiva, se gestionó la contratación de un perito valuador cuyo dictamen estaba proyectado para el 22 de octubre de 2026, trámite supeditado a la aprobación contractual por parte de la autoridad.
Entre los condicionamientos decretados por la Superintendencia de Sociedades, se blindó a la firma frente a cortes de suministros o cancelaciones unilaterales de arrendamientos por motivos previos a la liquidación, siempre y cuando se cumplan las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso. Adicionalmente, se autorizó el uso de un patrimonio autónomo fiduciario para el manejo de recursos, la sustitución de personal dimitente y la cancelación anticipada de obligaciones laborales pequeñas a trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos, con un tope de hasta el 5 % del pasivo externo.
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