Senadora Castellanos se retracta por vincular Emisoras de Paz con grupos armados

La senadora Sara Castellanos Guerra, del partido Salvación Nacional, se vio obligada a rectificar sus declaraciones tras vincular públicamente a las Emisoras de Paz con actividades propagandísticas de las extintas FARC y del ELN. La retractación se produjo después de un enérgico llamado de atención por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que alertó sobre el grave riesgo que tales señalamientos representaban para los periodistas y las comunidades que laboran en estas estaciones.

El Origen de la Controversia

El incidente comenzó el 21 de agosto, cuando la congresista Castellanos publicó en redes sociales un mensaje dirigido al senador Iván Cepeda. En su publicación, insinuó que el interés de Cepeda en defender la «Radio para la Paz» no respondía a preocupaciones genuinas sobre censura, sino a que, supuestamente, estas emisoras servían como plataforma propagandística para grupos guerrilleros. La acusación encendió de inmediato las alarmas en el ámbito periodístico y de derechos humanos.

La FLIP reaccionó contundentemente, señalando que la afirmación de la senadora no solo desinformaba sobre la naturaleza y función de las Emisoras de Paz, sino que exponía a un peligro real a quienes trabajan en ellas, especialmente en regiones donde la presencia de actores armados sigue siendo una constante amenaza. En Colombia, particularmente en zonas que históricamente han padecido el conflicto armado, estigmatizar a periodistas o medios de comunicación con vínculos a grupos ilegales puede tener consecuencias fatales, transformando una simple crítica política en un asunto de seguridad personal.

Contexto de las Emisoras de Paz

Las Emisoras de Paz no son una iniciativa clandestina. Su creación está explícitamente establecida en el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Estas emisoras fueron concebidas como herramientas para la construcción de paz y la reconciliación en los territorios más afectados por la violencia. Su programación incluye información local relevante, contenidos culturales, musicales, pedagogía sobre el Acuerdo de Paz y espacios dedicados a campesinos, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, víctimas y excombatientes. Este enfoque territorial es, de hecho, uno de sus pilares fundamentales, buscando fortalecer el tejido social y la participación ciudadana en contextos de posconflicto.

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La importancia de estas emisoras se magnifica en un país como Colombia, donde la polarización política a menudo permea todos los estratos sociales y geográficos. En departamentos como Nariño, Cauca o Chocó, la información local y plural es crucial para empoderar a las comunidades y contrarrestar narrativas violentas. Por tanto, deslegitimar su labor las ubica en una posición de vulnerabilidad frente a los diversos actores armados que aún persisten en estas zonas.

Advertencias de la FLIP y Evidencia de Riesgo

La FLIP respaldó su advertencia con datos concretos, documentando numerosos incidentes de seguridad que han afectado a trabajadores de estas emisoras entre 2019 y 2026. Los reportes incluyen:

Desplazamientos forzados.
Un secuestro.
Amenazas recibidas a través de panfletos y mensajes de texto.
Citaciones por parte de grupos armados ilegales.
Presencia de personas sospechosas cerca de instalaciones.
Exposición de datos personales de periodistas.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido medidas cautelares en uno de estos contextos, subrayando la gravedad de la situación. Estos antecedentes demuestran que las palabras de un funcionario público de alto nivel, como una senadora, pueden tener un impacto directo y perjudicial en la seguridad de individuos que ya operan en entornos de alto riesgo.

La Retractación y sus Implicaciones

La presión ejercida por la FLIP y la resonancia del caso condujeron a la esperada retractación. El sábado 5 de septiembre, la senadora Castellanos publicó un mensaje reconociendo que sus afirmaciones «pudieron afectar a periodistas y comunidades de las Emisoras de Paz». En el mismo comunicado, retiró su publicación original y ofreció excusas. Adicionalmente, otro dirigente de Salvación Nacional, el senador Enrique Gómez, también había utilizado un lenguaje similar, calificando las emisoras como «megáfonos oficiales de las FARC» y «nido de propaganda», y fue igualmente instado a rectificar.

La retractación de la senadora Castellanos, aunque tardía, subraya la responsabilidad inherente al cargo público. La libertad de expresión no exime a los congresistas de la obligación de sustentar sus acusaciones, especialmente cuando estas ponen en riesgo la integridad y la vida de ciudadanos. En un país que aún lucha por consolidar la paz y la reconciliación, la ligereza en las declaraciones puede tener consecuencias devastadoras, transformando el debate político en una amenaza directa para la seguridad y el ejercicio periodístico.

El Futuro de las Emisoras de Paz

La controversia se enmarca en un período de incertidumbre para estas emisoras. El 18 de agosto, Inravisión suspendió temporalmente la programación local y territorial de las 20 estaciones, reemplazándola con contenido musical centralizado desde Bogotá, una decisión criticada por la FLIP, la MOE y AMARC. Sin embargo, el panorama cambió nuevamente en septiembre, cuando Inravisión anunció que 16 de estas emisoras regresarían el 7 de septiembre con programación local renovada y bajo el nombre de «Emisoras de la Reconciliación». Las cuatro estaciones restantes, ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta, permanecen suspendidas, argumentando el Gobierno que comenzaron a operar en 2024 sin cumplir con los requisitos legales de concesión.

Este episodio recalca la necesidad de un debate informado y respetuoso sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de paz, garantizando siempre la seguridad de quienes ejercen el periodismo en los rincones más complejos de la geografía colombiana.