Save the Children cuestiona bombardeo militar con muerte de adolescentes en Guaviare

Bogotá, Colombia – La organización internacional Save the Children ha emitido un pronunciamiento público en el que manifiesta su profunda preocupación tras la confirmación de la muerte de tres adolescentes durante una operación militar ofensiva desplegada en el departamento del Guaviare. La acción, que incluyó bombardeos, estaba dirigida contra estructuras de las disidencias de las Farc.

Los análisis preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratificaron que entre los fallecidos se encuentran dos jóvenes de 15 años y uno de 16. Este hallazgo ha reavivado el debate sobre la presencia de menores en grupos armados ilegales y la responsabilidad de las fuerzas del Estado en la protección de la niñez en zonas de conflicto.

La Condición de Víctima y el Derecho Internacional Humanitario

Save the Children recordó que el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 833 de 2003, prohíbe de manera absoluta la vinculación, uso y reclutamiento de menores de 18 años por parte de agrupaciones armadas al margen de la ley. La entidad enfatiza que la condición de víctima de un menor reclutado de manera forzada prevalece en todo momento, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren.

Esta perspectiva es crucial, ya que implica que las autoridades militares deben considerar la posible presencia de niños, niñas y adolescentes en los campamentos o puntos de objetivo estratégico al planear sus ataques. La organización cuestiona si este análisis de riesgos se realiza de manera efectiva antes de llevar a cabo operaciones de gran envergadura como un bombardeo, y si la identificación de menores solo ocurre post-operación, tras los dictámenes forenses.

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Llamados a la Acción: Protección y Prevención

María Mercedes Liévano, directora de Save the Children en Colombia, hizo un llamado categórico a las estructuras armadas ilegales para que suspendan de inmediato la vinculación de niños, niñas y adolescentes a sus filas. Esta práctica no solo contraviene el Derecho Internacional Humanitario, sino que representa una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la infancia.

Adicionalmente, la organización instó a las entidades del Estado a:

Consolidar y reforzar los programas de prevención del reclutamiento.
Fortalecer los mecanismos de protección integral a la infancia en los corredores rurales con mayor afectación por la confrontación armada.

Save the Children ratificó su compromiso de continuar con esquemas de acompañamiento en los territorios y en la activación de rutas de asistencia para la niñez víctima, subrayando que la salvaguarda de la vida de los menores debe ser un eje prioritario en el desarrollo de todas las operaciones de control territorial.

Contexto del Conflicto en el Guaviare: Una Geografía Estratégica y Vulnerable

El Guaviare es un departamento ubicado en la región amazónica y la Orinoquía colombiana, con una geografía vasta y compleja que lo convierte en un corredor estratégico para diversas actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico y la explotación de recursos. Históricamente, esta zona ha sido un epicentro de la confrontación armada, primero con las Farc y, tras el Acuerdo de Paz de 2016, con sus disidencias y otros grupos armados residuales.

La presencia de estos actores armados se ha traducido en un control territorial que ejerce presión sobre las comunidades locales, incrementando el riesgo de reclutamiento forzado de menores, desplazamiento y violencia. La fragilidad institucional y la limitada presencia del Estado en vastas áreas del departamento facilitan la cooptación de jóvenes por parte de estos grupos, quienes les ofrecen supuestas oportunidades económicas o los coercionan directamente. La constante dinámica del conflicto en esta región subraya la urgencia de intervenciones integrales que aborden tanto la seguridad como las causas estructurales de la vulnerabilidad de la niñez.

Cifras Alarmantes y la Perspectiva de las Víctimas

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, proporcionó datos que amplían la discusión. Según sus cifras, durante el actual gobierno de Gustavo Petro, se han registrado 62 menores muertos en un total de 458 fallecidos en acciones militares. En comparación, durante la administración de Iván Duque, se contabilizaron 42 menores entre 367 personas fallecidas en este tipo de operaciones. Estos datos revelan una persistencia de la tragedia de la niñez en medio del conflicto armado, independientemente de la administración de turno.

La postura de Save the Children se contrapone a otras visiones, como la expresada por el abogado Abelardo De La Espriella, quien manifestó su respaldo a las operaciones militares, sin detallar consideraciones sobre la protección de menores. Esta polarización de opiniones resalta la complejidad de abordar un conflicto que mezcla la lucha contra grupos ilegales con la protección de una población particularmente vulnerable.

La Defensoría del Pueblo ha documentado casos similares, señalando en el pasado la muerte de menores reclutados forzadamente en bombardeos en Guaviare. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos militares y de una implementación efectiva de políticas que prevengan el reclutamiento y protejan a los menores, quienes, en palabras de Save the Children, siempre deben ser considerados víctimas.