La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha elevado una solicitud formal y urgente al Ministerio de Salud, liderado por Ana María Vesga, para implementar una serie de medidas excepcionales que mitiguen el impacto del reciente terremoto del 10 de agosto en la infraestructura y operación del sistema de salud colombiano. La comunicación subraya la precaria situación en 13 departamentos afectados, donde una parte significativa de la capacidad de atención ha quedado comprometida.
La iniciativa surge en un contexto de emergencia donde la funcionalidad de hospitales, clínicas y personal médico se ve seriamente afectada. La ACHC no solo busca una respuesta inmediata, sino también soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad de los servicios sanitarios en las zonas devastadas.
Radiografía de la afectación en el sector salud
Según los datos recopilados por la ACHC hasta el 21 de agosto, la capacidad instalada de los servicios de salud en las regiones impactadas por el sismo se ha reducido drásticamente. Entre el 45% y el 55% de la oferta habilitada, que incluye IPS, prestadores, camas hospitalarias, salas, sillas y ambulancias, reporta algún nivel de afectación. Esta disminución se traduce directamente en la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias o la atención rutinaria de los pacientes.
El registro de prestaciones de servicios de salud también evidencia una merma considerable. La zona afectada registra una caída de entre el 44% y 52% en el número de atenciones, incluyendo consultas, procedimientos, atenciones de urgencias y hospitalizaciones. Estos porcentajes reflejan no solo daños materiales, sino también la disrupción en la cadena de servicios de salud, que impacta directamente en la población damnificada y en la gestión de enfermedades preexistentes.
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La misiva de la ACHC a la ministra Vesga detalla cuatro pilares fundamentales para abordar la crisis. Estas propuestas buscan inyectar liquidez, facilitar la reconstrucción y asegurar la continuidad de la atención médica:
- Pago por disponibilidad para el personal: La asociación sugiere establecer un mecanismo excepcional para asegurar el pago del personal de las IPS afectadas. El objetivo es mitigar el impacto económico sobre los trabajadores de la salud, muchos de los cuales son víctimas directas o indirectas del desastre, y garantizar la retención de talento humano esencial para la reactivación de los servicios.
- Créditos blandos para reconstrucción: Se propone gestionar con la banca privada un ajuste excepcional en las valoraciones de riesgo de las IPS. Esto permitiría a las instituciones acceder a créditos en condiciones favorables, facilitando la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada, algo crucial para restaurar la capacidad operativa.
- Prelación en giro directo: La ACHC insta a implementar un giro directo del 90% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como beneficio para todas las IPS (públicas, privadas y mixtas) ubicadas en las zonas afectadas. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sería la entidad garante y vigilante de este proceso, asegurando la llegada efectiva de los recursos.
- Desinversión de reservas técnicas de las EPS: Se plantea utilizar una porción de los 6.4 billones de pesos reportados en reservas técnicas por la Supersalud. Una parte se destinaría como crédito interno para fondear las propuestas anteriores, y otra para el pago de la cartera antigua de las IPS, lo que inyectaría liquidez inmediata y aliviaría las presiones financieras del sector.
Contexto del suroccidente colombiano: una región de desafíos
El suroccidente de Colombia, y en particular ciudades como Cali y Popayán, así como el departamento del Valle del Cauca, han enfrentado históricamente una compleja convergencia de factores que desafían la estabilidad y el desarrollo. La región se caracteriza por ser un corredor estratégico y, por ende, un punto de encuentro de diversas dinámicas económicas, sociales y políticas. Sin embargo, esta centralidad también la expone a vulnerabilidades. Las infraestructuras, a pesar de los avances, suelen estar sometidas a presiones constantes debido al crecimiento demográfico y, en ocasiones, a la limitada inversión pública sostenida. Además, la región es sísmicamente activa, lo que añade una capa de riesgo estructural a cualquier planificación a largo plazo.
La capacidad de respuesta ante desastres naturales se ve magnificada por la persistencia de brechas sociales y la informalidad en ciertos sectores. En el ámbito de la salud, el sistema suele operar al límite, con clínicas y hospitales que, si bien son centros de excelencia en algunos casos, también luchan contra el subfinanciamiento y la carga asistencial. Un evento como un terremoto no solo destruye infraestructura física, sino que también desarticula redes de apoyo y servicios esenciales, poniendo a prueba la resiliencia de una población que ya navega otras complejidades como la desigualdad, la seguridad y la migración interna.
Hacia una recuperación integral
La ACHC enfatiza que estas propuestas son viables bajo la declaratoria de emergencia, pero recalca la necesidad de avanzar simultáneamente en el «plan de choque» propuesto por el gobierno. Este plan incluye la coalición y depuración de cuentas, la normalización de contratos y la garantía de flujo de recursos, elementos que son vitales para la estabilidad a largo plazo del sector salud en Colombia. La crisis generada por el terremoto no solo demanda una respuesta inmediata, sino también una revisión profunda de la resiliencia y preparación del sistema de salud ante futuras calamidades.
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