Recorte de subsidios en Colombia: impacto en hogares vulnerables

Bogotá, Colombia – La política de asistencia social en Colombia ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, generando un debate sobre la efectividad y el impacto real en los hogares más vulnerables del país. La liquidación de programas emblemáticos como Familias en Acción y Jóvenes en Acción para dar paso a Renta Ciudadana, sumado a la consolidación de la Devolución del IVA y Colombia Mayor, ha redefinido el panorama de las transferencias monetarias no contributivas.

Si bien el Gobierno de Gustavo Petro defendió esta reforma como una ampliación de la cobertura, apuntando a beneficiar hasta 3.3 millones de hogares, los datos recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE revelan una realidad menos optimista: una drástica reducción en la proporción de hogares que reciben asistencia social institucional.

Radiografía de una Disminución Sostenida

Los datos de la GEIH son contundentes. En 2022, un 26.3% de los hogares colombianos recibía alguna forma de asistencia social institucional. Para 2025, esta cifra se desplomó al 11.9%. Este retroceso progresivo implica que aproximadamente 750 mil hogares por año han dejado de percibir este tipo de apoyo. Aunque 2022 representó un pico en la asistencia debido a las medidas extraordinarias implementadas durante la pandemia de COVID-19, la caída actual excede el simple retiro de estas ayudas de emergencia.

La afectación es particularmente crítica entre los segmentos más pobres de la población. En 2019, la asistencia llegaba al 37.1% de los hogares del decil más pobre y al 41.5% del segundo decil. Para 2025, estas cifras descendieron a 24.9% y 26.6% respectivamente. Esto se traduce en una probabilidad 20.3 puntos porcentuales menor para un hogar promedio del decil 1 de recibir una transferencia estatal, en comparación con hace tres años.

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Impacto en el Ingreso de los Hogares más Pobres

Más allá de la disminución en la cobertura, los montos de las transferencias también han sufrido una merma considerable en su representatividad sobre el ingreso total de los hogares. En el decil más pobre, las transferencias, que entre 2019 y 2022 constituían cerca de un tercio de su ingreso, cayeron a apenas el 13.3% en 2025. Esto significa que los hogares más vulnerables dependen ahora en mucha mayor medida del mercado laboral y de las remesas, y significativamente menos del respaldo estatal.

Aunque la pobreza monetaria a nivel nacional ha disminuido en 8.6 puntos porcentuales entre 2022 y 2025 (9.2% en zonas urbanas y 6.4% en rurales), este avance se explica predominantemente por el ingreso laboral. De hecho, un análisis de descomposición de fuentes de ingreso muestra que mientras el mercado laboral impulsó una reducción de 12.9 puntos en la pobreza, el repliegue de la ayuda institucional empujó la pobreza 3.3 puntos en la dirección contraria, limitando el progreso.

Si las transferencias hubieran permanecido constantes, la caída de la pobreza podría haber sido cercana a 11.9 puntos, en lugar de los 8.6 observados. Esta situación se agudiza en las áreas rurales, donde el retroceso de la ayuda institucional representó un costo de 5.1 puntos en la reducción de la pobreza rural, casi el doble que a nivel nacional.

La Calidad del Empleo y la Fragilidad Social

La disminución del desempleo, que bajó hasta cerca del 8% entre 2022 y 2025, ha sido un factor clave en la mejora del ingreso laboral. Sin embargo, este impulso no se traduce necesariamente en una mayor seguridad económica para los hogares más pobres.

La calidad del empleo generado en estos segmentos es preocupante:

La informalidad en el decil más pobre se mantiene alrededor del 95%.
Cerca del 80% del empleo es por cuenta propia.
El subempleo persiste en aproximadamente el 20%.
El ingreso laboral promedio del 10% más pobre no superaba los 465 mil pesos mensuales en 2025, menos de un tercio del salario mínimo.
Cerca del 75% de los ocupados en este grupo ganaba menos de medio salario mínimo.

Esta precariedad laboral deja a aproximadamente 2.9 millones de hogares, que viven con ingresos apenas por encima de la línea de pobreza, extremadamente vulnerables. Un choque económico, por pequeño que sea (apenas 240 mil pesos en el ingreso por persona del hogar), podría empujarlos de nuevo a la pobreza.

Contexto Político y Socioeconómico en Colombia

La política de reducción de subsidios del gobierno Petro se enmarca en un contexto de búsqueda de eficiencia fiscal y una reorientación de los programas sociales. Históricamente, Colombia ha luchado con altos índices de informalidad laboral y desigualdad, especialmente en regiones como el Valle del Cauca, Cali o Popayán, donde la economía informal es un pilar para muchas familias. La promesa de un «Estado más eficiente» y una mejor focalización de los recursos es una constante en las administraciones. No obstante, la implementación de estos cambios tiene consecuencias directas sobre la vida de millones de personas que dependen de estas ayudas para su subsistencia. La eliminación de programas consolidados como Familias en Acción, aunque reemplazado por Renta Ciudadana, generó vacíos operativos y una disminución efectiva en la cobertura, exponiendo aún más a una población que ya se encuentra en el límite de la subsistencia.

Este escenario plantea un dilema: un país con menos pobreza monetaria según las estadísticas, pero con una menor capacidad de resiliencia ante futuras crisis. La dependencia casi total de un empleo precario, sin la red de seguridad que ofrecían las transferencias estatales, coloca a estos hogares en una posición de extrema fragilidad frente a fenómenos como el Niño, posibles apagones, presiones inflacionarias o desastres naturales como terremotos.

La discusión futura no debería centrarse en restaurar completamente los esquemas pasados, sino en cómo fortalecer un sistema de protección social que logre una depuración y focalización efectiva sin comprometer la seguridad económica de los más vulnerables. La evidencia sugiere que en el afán de depurar, Colombia ha reducido a la mitad una protección que millones necesitan para sobrevivir.